Bolívar y Chávez ante la contrarrevolución administrada

Dos majaderos, dos tristezas, dos esperanzas frente a un sueño y un imperio

"Se socializa la espera y se privatiza la urgencia."

Hay revoluciones que son derrotadas por los cañones y otras que son desarmadas por la nómina. A las primeras se las reconoce porque dejan humo, ruinas y partes de guerra; las segundas avanzan con una prosa burocrática, un formulario de inversión, una licencia extranjera y un bono que sustituye al salario. No anuncian la rendición: la administran. No derogan de una vez el Estado social: lo van vaciando hasta que la Constitución conserva la música y el pueblo paga la entrada. Eso es lo que parece estar ocurriendo con una parte sustancial de las políticas sociales de la Revolución Bolivariana: una desarticulación progresiva, sin explicación suficiente, sin anestesia para quien trabaja, pero sí con abundante vaselina capitalista para que el ajuste entre sin provocar demasiado ruido en los salones donde se negocia.

La tragedia no consiste solamente en que desde Washington se pretenda mandar sobre Venezuela. Eso sería, por desgracia, una vieja costumbre imperial con traje nuevo. La tragedia más honda consiste en que, dentro de Venezuela, se normalice como pragmatismo lo que ayer habría sido denunciado como restauración oligárquica; que se le pida paciencia al maestro, resignación al jubilado y disciplina al obrero mientras al capital transnacional se le ofrecen autonomía operativa, rebajas tributarias, facilidades contractuales y acceso preferente a la renta. Se socializa la espera y se privatiza la urgencia. El pueblo debe comprender; el inversionista debe cobrar.

La Revolución no fue solamente un discurso

Conviene recordar aquello que hoy se arriesga a desaparecer, porque nadie puede medir una demolición si antes niega que existió el edificio. La Revolución Bolivariana convirtió necesidades históricamente humilladas en asuntos de Estado: alfabetización, salud primaria, alimentación subsidiada, acceso universitario, vivienda, pensiones y reconocimiento político de quienes durante décadas habían sido apenas paisaje electoral. La CEPAL registró para Venezuela, en 2012, una pobreza de 23,9 % y una indigencia de 9,7 %. La UNESCO documentó que la Misión Robinson alfabetizó aproximadamente a un millón y medio de personas. La OIT destacó que la cobertura previsional llegó a rozar la universalidad. Aquellos resultados no borraron la dependencia petrolera, la corrupción, la ineficiencia ni la fragilidad productiva; pero tampoco pueden borrarse ahora por conveniencia ideológica.

El chavismo fue, en su mejor momento, una pedagogía de dignidad material. Le dijo al pobre que no era una estadística defectuosa sino un sujeto de derechos. Le dijo al anciano que la pensión no era caridad; al estudiante, que la universidad no era un club hereditario; al enfermo, que la consulta no debía depender del grosor de la billetera. Esa transformación simbólica y concreta explica por qué Hugo Chávez desbordó la condición de presidente y se convirtió en una memoria política. También explica la gravedad del retroceso actual: cuando un derecho conquistado se transforma de nuevo en favor discrecional, no se regresa al punto de partida; se produce una segunda humillación, porque el ciudadano ya conoció la dignidad que ahora le retiran.

Sin anestesia para el salario, con vaselina para el capital

La llamada bonificación del ingreso es quizá el retrato más elocuente de esta contrarrevolución por goteo. El salario no es solamente una cantidad mensual: es la base jurídica de vacaciones, prestaciones, antigüedad, pensiones, indemnizaciones y negociación colectiva. El bono, en cambio, puede aliviar el hambre inmediata mientras debilita el derecho futuro. Parece dinero, pero no siempre construye ciudadanía laboral. Es ingreso sin memoria y remuneración sin biografía.

Los datos recientes son brutales. La última modificación del salario base y de las escalas del sector público databa de marzo de 2022. En abril de 2026 se anunció un ingreso mínimo mensual de 240 dólares y pensiones de 70 dólares, pero no se precisó qué proporción correspondía al salario y cuál a bonos. Para marzo de 2026, la inflación anual había alcanzado 649 %, según datos del Banco Central citados por Reuters. Al mismo tiempo, se hicieron más frecuentes las protestas de trabajadores de la educación, la salud y los servicios públicos; una movilización sindical fue obstaculizada por presencia policial. La paradoja es obscena: el Estado admite que el reclamo obrero es justo, pero conserva un sistema que convierte el salario en pieza de museo y el bono en instrumento de gobernabilidad.

No hay soberanía social cuando el maestro necesita otro empleo para seguir enseñando; cuando el médico debe escoger entre el hospital y la supervivencia; cuando el jubilado recibe una asignación que no cubre la reproducción elemental de la vida; cuando el comedor escolar se vuelve intermitente; cuando el empleado público es presentado como costo fiscal mientras el operador petrolero extranjero es tratado como portador de salvación. La patria no se defiende solamente en la frontera. También se defiende en la quincena.

Y aquí es indispensable evitar la comodidad de una sola culpa. Las sanciones estadounidenses causaron daño real. Incluso la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos reconoció que las sanciones, especialmente las impuestas a PDVSA en 2019, probablemente contribuyeron a profundizar la caída económica al limitar los ingresos petroleros; el mismo informe mencionó, además, la mala gestión de la empresa estatal y la disminución de los precios del crudo como factores concurrentes. Esta doble constatación destruye dos propagandas a la vez: la que afirma que las sanciones no afectaron al pueblo y la que pretende que toda ineficiencia interna fue fabricada en Washington. El bloqueo explica mucho; no absuelve todo.

Una ley veloz para el petróleo y una espera infinita para el trabajador

Después del secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, la reforma de la legislación petrolera venezolana avanzó con una velocidad que jamás conocieron las reclamaciones salariales. Fue presentada, discutida y aprobada en menos de dos semanas. La reforma redujo cargas, amplió el poder........

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