Mientras miles de personas organizan rescates, centros de acopio y redes solidarias para responder a la emergencia provocada por los terremotos del 24 de junio, el Gobierno responde tarde, militarizando los accesos, controlando la ayuda y destinando maquinaria pesada cuando aún continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes. Frente a esta tragedia, es urgente poner todos los recursos del Estado, del gran capital y del país al servicio del rescate, bajo control de quienes hoy sostienen la emergencia: las comunidades organizadas, las brigadas de rescate, los trabajadores en sus lugares de trabajo y hospitales, los estudiantes en los centros de estudio y el conjunto de la clase trabajadora movilizada.

La respuesta espontánea de trabajadores, estudiantes, vecinos, brigadas solidarias y comunidades demuestra que la principal fuerza para enfrentar esta tragedia ha surgido desde abajo. Esa enorme capacidad de organización debe fortalecerse, coordinarse y ampliarse; no puede ser sustituida por el aparato estatal ni confiscada por los militares.

"Ahora sí despertó el gobierno, pero lo que está es obstaculizando la llegada de la ayuda de la gente". Esa expresión resume el sentir de una parte importante de la población 48 horas después de los terremotos. Desde el primer momento fueron las propias comunidades quienes comenzaron la remoción manual de escombros, organizaron centros de acopio, distribuyeron agua y alimentos y atendieron las primeras necesidades. Mientras tanto, durante casi dos días no existió una respuesta masiva y oportuna del Estado.

La labor de bomberos, Protección Civil y personal de rescate ha sido extraordinaria, pero se desarrolla en condiciones absolutamente precarias. Son insuficientes en número y carecen de herramientas básicas. Hoy continúan solicitando donaciones de cascos, guantes, mascarillas y equipos indispensables para salvar vidas. Esta realidad expresa años de abandono de los servicios públicos y de las capacidades de respuesta ante emergencias.

Cuando finalmente el Gobierno desplegó parte de su aparato, lo hizo priorizando la militarización de los accesos a La Guaira y el establecimiento de controles para restringir el ingreso de voluntarios y de la ayuda organizada por la población. Incluso exige registros burocráticos para autorizar el ingreso de quienes quieren colaborar y existen denuncias de intentos de apropiarse de la ayuda reunida por centros de acopio independientes.

El gobierno y sus militares están respondiendo tarde y a su manera. Queriendo organizar, controlar y administrar, allí donde su ausencia fue cubierta por la inmediata y masiva solidaridad colectiva. La gente no confía. No confiamos, por supuesto que no.

La tarea del Gobierno debería ser exactamente la contraria: multiplicar la capacidad del voluntariado, facilitar el acceso de quienes........

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