En medio del creciente malestar social provocado por el derrumbe histórico del salario en Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, realizó una declaración que revela con crudeza la posición del aparato gubernamental frente a la lucha de la clase trabajadora.

En un discurso donde intentaba justificar la política económica basada en bonos en lugar de salarios reales, Rodríguez afirmó textualmente:

"Siempre, siempre va a haber intenciones malsanas de posturas del extremismo."

Estas palabras fueron pronunciadas apenas días después de la movilización de trabajadores realizada el pasado jueves, cuando empleados públicos, docentes, pensionados y distintos sectores laborales salieron nuevamente a las calles para exigir lo más elemental: un salario que permita vivir.

La coincidencia temporal no es casual. En un contexto donde la protesta obrera comienza a reaparecer, el aparato del Estado intenta deslegitimar políticamente la lucha salarial presentándola como una expresión de "extremismo".

La criminalización de la protesta obrera

La acusación es profundamente reveladora. En el lenguaje político de los capituladores, el término "extremismo" cumple una función clara: desacreditar cualquier cuestionamiento que ponga en evidencia las contradicciones de la política económica del gobierno.

Pero la realidad es muy distinta a la caricatura presentada por el gobierno. Los trabajadores que se movilizaron el jueves no levantaban consignas abstractas ni agendas conspirativas. Sus reivindicaciones son concretas y profundamente materiales:

aumento inmediato del salario

restitución de los contratos colectivos

indexación frente a la inflación

eliminación del sistema de bonos como sustituto salarial

Es decir, son reivindicaciones históricas del movimiento obrero mundial.

Tachar de "extremistas" a quienes levantan estas demandas equivale, en la práctica, a criminalizar la lucha de la clase trabajadora.

Bonos, el mecanismo de contención social

En el mismo discurso, Rodríguez celebró la entrada de 300 millones de dólares provenientes de una venta extraordinaria de fueloil, explicando que estos recursos fueron destinados al llamado fondo de protección social para incrementar los bonos del Sistema Patria.

Este mecanismo revela el verdadero carácter de la política económica actual.

En lugar de reconstruir el salario —base material de la reproducción de la fuerza de trabajo— el gobierno ha optado por sustituirlo mediante bonificaciones discrecionales que dependen directamente del aparato estatal.

Desde el punto de vista de clase, esto tiene consecuencias profundas: los bonos no forman parte del salario, no generan prestaciones sociales, no inciden en pensiones ni jubilaciones y pueden modificarse unilateralmente

De esta manera, el salario se pulveriza mientras el Estado administra compensaciones temporales financiadas con la renta petrolera manejada desde Washington.

Se trata de un mecanismo de contención social, no de una solución al problema estructural del ingreso de los trabajadores.

La marcha del pasado jueves demuestra que, pese a años de precarización y desmoralización, la clase trabajadora venezolana no ha desaparecido de la escena política.

Cada vez que el deterioro de las condiciones de vida alcanza niveles insoportables, la protesta vuelve a emerger.

Docentes, trabajadores públicos, jubilados y pensionados han comenzado nuevamente a ocupar el espacio público para denunciar una realidad innegable: el salario mínimo venezolano se encuentra entre los más bajos del mundo.

En este contexto, la política de bonos no resuelve la crisis. Apenas la administra de manera temporal.

El discurso oficial continúa apelando a una retórica de protección social y defensa del pueblo. Sin embargo, la práctica económica de los últimos años ha significado una transferencia masiva del costo de la crisis hacia la clase trabajadora.

Mientras la economía se dolariza de facto y amplios sectores empresariales recuperan márgenes de ganancia, los trabajadores enfrentan: salarios pulverizados, deterioro de los servicios públicos, precarización laboral y emigración masiva.

Ante esta realidad, el recurso a la acusación de "extremismo" revela la incomodidad de los capituladores frente al resurgimiento de la lucha social.

No es extremismo: es lucha de clases

La historia del movimiento obrero demuestra que todas las conquistas laborales han surgido de la movilización colectiva. El derecho al salario digno, a la jornada laboral, a los contratos colectivos y a la seguridad social nunca fueron concesiones espontáneas del poder.

Fueron el resultado de la lucha de clases.

Por eso, cuando un gobierno intenta deslegitimar la protesta salarial calificándola de "extremismo", lo que en realidad está haciendo es reconocer implícitamente el carácter político de esa lucha.

Los trabajadores no protestan por capricho ni por manipulación externa. Protestan porque la reproducción misma de sus condiciones de vida está en riesgo.

Y mientras esa realidad persista, ninguna etiqueta propagandística podrá ocultar lo esencial: la lucha por un salario digno no es extremismo.

Es la expresión legítima de una clase que se niega a seguir pagando el costo de la crisis.

¿Qué hacer si el gobierno ignora las demandas?

Si el gobierno decide ignorar las demandas de los trabajadores, la movilización no puede quedar limitada a marchas ocasionales que se disuelven al final del día. La experiencia histórica del movimiento obrero demuestra que solo la organización y la presión sostenida pueden arrancar conquistas reales.

El primer paso debe ser convocar asambleas en cada centro de trabajo: ministerios, hospitales, universidades, escuelas, empresas públicas y privadas. Allí los trabajadores deben discutir democráticamente sus reivindicaciones y elegir voceros o delegados directamente desde la base.

Estos voceros deben ser elegibles y revocables en todo momento por las propias asambleas. Esto es fundamental porque garantiza que quienes representen al movimiento respondan realmente a la voluntad de los trabajadores y no se conviertan en una nueva burocracia separada de la base. La revocabilidad permanente es una de las tradiciones más importantes de la democracia obrera: si un vocero deja de defender las decisiones de la asamblea, puede ser sustituido inmediatamente.

A partir de estas asambleas es necesario impulsar comités de lucha que coordinen a los distintos sectores en conflicto. La fragmentación es una de las principales debilidades del movimiento obrero venezolano; por ello es fundamental avanzar hacia una coordinación nacional de trabajadores, donde confluyan empleados públicos, docentes, trabajadores universitarios, obreros industriales, jubilados y pensionados.

Si el gobierno continúa negándose a responder a las demandas, la movilización debe elevar su nivel de presión. Esto implica convocar nuevas jornadas nacionales de protesta, concentraciones y movilizaciones masivas que mantengan la lucha en la calle.

En una etapa más avanzada, las asambleas de trabajadores pueden discutir la convocatoria de paros sectoriales, comenzando por aquellos sectores donde existe mayor organización. La experiencia demuestra que el paro laboral es una de las herramientas más poderosas de la clase trabajadora. Es una herramienta histórica de la clase trabajadora mundial.

Si el conflicto se profundiza y más sectores se suman a la lucha, debe ponerse sobre la mesa la perspectiva de un paro nacional de trabajadores, capaz de paralizar la actividad económica y obligar a los capituladores a responder a las reivindicaciones populares.

Al mismo tiempo, frente a cualquier intento de represión, es fundamental organizar comités de defensa de la protesta, redes de solidaridad y apoyo legal para proteger a los trabajadores movilizados.

La fuerza de la clase trabajadora no reside en promesas ni en discursos, sino en su capacidad de organización democrática, solidaridad y acción colectiva. Solo mediante la movilización consciente y organizada desde abajo será posible conquistar salarios dignos, defender los derechos laborales y abrir un camino de transformación social real.

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