En medio del creciente malestar social provocado por el derrumbe histórico del salario en Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, realizó una declaración que revela con crudeza la posición del aparato gubernamental frente a la lucha de la clase trabajadora.

En un discurso donde intentaba justificar la política económica basada en bonos en lugar de salarios reales, Rodríguez afirmó textualmente:

"Siempre, siempre va a haber intenciones malsanas de posturas del extremismo."

Estas palabras fueron pronunciadas apenas días después de la movilización de trabajadores realizada el pasado jueves, cuando empleados públicos, docentes, pensionados y distintos sectores laborales salieron nuevamente a las calles para exigir lo más elemental: un salario que permita vivir.

La coincidencia temporal no es casual. En un contexto donde la protesta obrera comienza a reaparecer, el aparato del Estado intenta deslegitimar políticamente la lucha salarial presentándola como una expresión de "extremismo".

La criminalización de la protesta obrera

La acusación es profundamente reveladora. En el lenguaje político de los capituladores, el término "extremismo" cumple una función clara: desacreditar cualquier cuestionamiento que ponga en evidencia las contradicciones de la política económica del gobierno.

Pero la realidad es muy distinta a la caricatura presentada por el gobierno. Los trabajadores que se movilizaron el jueves no levantaban consignas abstractas ni agendas conspirativas. Sus reivindicaciones son concretas y profundamente materiales:

aumento inmediato del salario

restitución de los contratos colectivos

indexación frente a la inflación

eliminación del sistema de bonos como sustituto salarial

Es decir, son reivindicaciones históricas del movimiento obrero mundial.

Tachar de "extremistas" a quienes levantan estas demandas equivale, en la práctica, a criminalizar la lucha de la clase trabajadora.

Bonos, el mecanismo de contención social

En el mismo discurso, Rodríguez........

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