La respuesta española al proceso independentista catalán no ha sido política, ni democrática, ni de diálogo, ha sido una respuesta violenta e impositiva, pero esta vez, dado que España forma parte de la UE, no han podido utilizar la violencia militar porque España no quería mostrar esa cara en Europa, entonces han utilizado la violencia policial y, sobre todo, la judicial. Al estado se le permite el monopolio de la fuerza (cualquier otro que ejerza la fuerza es considerado como un delincuente o terrorista), pero el pacto estipula que esta violencia estatal se ejerza regida por valores democráticos, con proporcionalidad, neutralidad y justicia. La cúpula judicial ha ejercido con los catalanes con un propósito injustificable: la venganza. La "tortura judicial" para escarmentar a los catalanes por haberse atrevido a cuestionar la unidad de su España.

Y en esa voluntad de escarmiento, los dos grandes partidos que se intercambian el poder desde que acabó la dictadura (el PP de ultraderecha y el PSOE de derecha socialdemócrata) coincidieron en aplicar el artículo 155 que suprimía el gobierno catalán hasta que lo consideraran, y estuvieron de acuerdo en traspasar a la justicia la gestión del problema político. Y han aplaudido que la justicia se aplicara obscenamente en favor del nacionalismo español y contra los independentistas catalanes. El candidato del PSOE, Pedro Sánchez, durante la campaña electoral de 2023, aseguró que aplicaría mano dura contra los independentistas catalanes, rechazó la posibilidad de una amnistía y aseguró que traería a España al presidente catalán Puigdemont, exiliado en Bélgica, para que pasara cuentas ante la justicia. Pero la aritmética parlamentaria hizo que Sánchez necesitara los votos de los independentistas catalanes para formar gobierno. Entonces, Sánchez........

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