La intervención norteamericana del 3 de enero de 2026 es un hito que inaugura un período específico de nuestra historia contemporánea, del país y, tal vez, del mundo. Más allá del descabezamiento de un régimen de facto mediante una acción reñida con el Derecho Internacional, cuestión nada novedosa si tomamos en cuenta el historial de intervenciones norteamericanas en el continente y la imposición de gobiernos subordinados, ha alterado irreversiblemente la racionalidad política del país. Además de la soberanía nacional, se ha afectado la autonomía de acción de TODOS los actores políticos, que se han visto forzados a desplegar sus estrategias, tácticas y cálculos en los estrechos límites de un plan decidido en Washington, compitiendo informalmente por la consideración de los grandes decisores del Norte.

Por eso hemos insistido, ante los análisis comparativos que insisten en identificar parecidos (y no tanto las diferencias) del proceso venezolano con las transiciones a la democracia constitucional de España, Chile, Portugal, incluso Polona y Suráfrica, que hay que analizar más bien las otras experiencias latinoamericanas de intervención estadounidense que, en la primera mitad del siglo XX, impusieron "protectorados" mediante dominio de las aduanas, expropiación de tierras, controles sobre la administración pública y gobiernos títeres (República Dominicana, Haití, ), reconstruyeron fuerzas armadas (Nicaragua), impusieron gobiernos (Panamá), algunos de los cuales culminaron incluso en anexiones territoriales (Puerto Rico, Hawaii).

Por circunstancias históricas distintivas, Venezuela no había corrido, hasta ahora, la terrible suerte de esos países intervenidos militarmente en forma directa, y que sufrieron "protectorados". Hasta ahora, cuando nos encontramos con una dictadura (con un aparato represivo, leyes opresivas y dirigencia o alta burocracia intactas) tutelada (es decir, obedeciendo las órdenes de Washington directamente, incluso al costo de echar para atrás el propio discurso político del partido dominante). No hay duda de que, desde aquel golpe autorizado por EEUU, de Gómez a Castro, la presencia norteamericana en nuestro país ha sido poderosa, en lo económico, en lo cultural, lo político; pero siempre mediada por los intereses específicos y las conveniencias de unos políticos que ensayaron diversas formas de dependencia, incluso con gestos de autonomía y democracia. No siempre los EEUU apoyaron dictaduras militares en América Latina. En períodos completos ha preferido apoyar y promover democracias constitucionales, con márgenes fluidos de independencia. También, ha usado armas económicas (sanciones) o presiones diplomáticas para lograr avanzar o hacer retroceder su dominación imperialista.

Eso no guarda muchas analogías con los procesos democratizadores de España o Polonia. Se insiste en esas comparaciones para apreciar el rol de Delcy Rodríguez y su hermano, como posibles actores de la democratización o, por lo menos, del desmontaje del aparato represivo de la dictadura. Para llegar a esa caracterización, justificativo de una política de colaboración con el régimen como han propuesto abiertamente Ochoa Antich, Fuenmayor, Mires y el sector llamado "alacranes", habría que ponernos de acuerdo acerca de los criterios para establecer que estamos, efectivamente, en un proceso de democratización (o "transición"). De hecho, los actores decisivos (Rubio, por ejemplo) han insistido en que todavía estamos en las primeras fases de estabilización y recuperación, centrados en lo económico, es decir, el control norteamericano sobre nuestras riquezas. A "transición democrática" vendría después.

Pero, además, todavía los avances democratizadores son tímidos. La ley de amnistía, aunque ha logrado la liberación de varios cientos de presos políticos, tiene límites y defectos apuntados por ONG de derechos humanos como Foro Penal, PROVEA y otros factores, incluidos diputados y dirigentes políticos. Aunque Rodríguez diga que hay amplia libertad de expresión y manifestación, y efectivamente se han registrado algunas concentraciones sin incidentes, todavía llegan noticias de acciones represivas contra los medios. No se ha derogado el paquete de leyes opresivas (odio, control de las ONG, "Simón Bolívar", etc.). Ni siquiera se ha derogado el decreto de Conmoción Nacional, que le da amplia discrecionalidad a las autoridades para reprimir.

Por otra parte, no se toma en cuenta en esas comparaciones de transiciones, el contexto de la nueva guerra fría o nuevo reparto del mundo entre las principales potencias del globo, especialmente Estados Unidos y China. Más que responder a solicitudes de la señora Machado, la verdadera motivación de la intervención, enmascarada con una acción contra el narcotráfico, es el relanzamiento de la doctrina Monroe de alcance hemisférico, en el marco de una estrategia para hacer retroceder la gran influencia china en la región latinoamericana. O, visto con mayor amplitud, perspectiva posible a raíz del ataque a Irán, la estrategia de recuperación geopolítica de Estados Unidos, que pasa por controlar el suministro de petróleo como arma de poderío mundial.

Es evidente que, desde el 3 de enero, el centro de las decisiones de lo que pasa en este país, se desplazó a Washington. Para el oficialismo, la política ya no se trata de expandir el llamado "proyecto bolivariano" (¿?), sino de negociar cuotas de poder e impunidad y alargar su permanencia administrativa bajo el nuevo esquema, para, en el mejor de los casos, sobrevivir y "relanzar" en algún momento el chavismo en vistas de unas elecciones generales, cuya fecha todavía no está clara, además de estar muy condicionada. La asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina marca el inicio de un madurismo sin Maduro. Su gestión se caracteriza por una retórica de paz mientras ejecuta una agenda dictada por el Departamento de Estado y la CIA, incluyendo reformas petroleras y la Ley de Amnistía. Su supervivencia depende de su capacidad para ser útil a los intereses energéticos de EE. UU. y mantener cohesionada a las fuerzas policiales y militares, así como sostener el aparato de un Partido, ya muy menguado, un partido de funcionarios que tendería a disolverse si pierde cargos burocráticos.

Para MCM, si bien el 3 de enero validó muy parcialmente su tesis de que "solo una amenaza real de fuerza", aportada por los EEUU, lograría sacar a la camarilla madurista, no obtuvo de la intervención el poder. Ahora, trata de posicionarse como la "garante de una transición ordenada" y la figura con mayor legitimidad popular. Cuestión que en la práctica la ha colocado en una pugna informal por la consideración y los halagos de Trump y Rubio. MCM se ha pronunciado por elecciones generales para este año, lo cual implica acelerar todas las tareas pendientes: reestructuración del Poder Judicial para conseguir su "independencia", cambio del CNE y todo el sistema electoral, registro electoral que incluya a los migrantes, etc.

Como hay una pugna informal por la consideración y los elogios de Trump y Rubio, la aparición de Enrique Márquez en el Congreso norteamericano, además invitado por el presidente, lo hizo emerger como la figura de un posible "centro político" que también, como los Rodríguez y MCM, considera a los Estados Unidos como "amigos, socios y aliados". Trata de posicionarse como un "generador de consensos" capaz de hablar con todos los factores y los grandes decisores del norte, con la apuesta por una transición "sin prisa, pero sin pausa", que coloque la reconstrucción institucional como primera tarea.

De modo que la autonomía de los actores venezolanos está reducida como nunca en la historia de nuestro país. Mientras MCM busca acelerar el ritmo de las elecciones con el fin de validar su liderazgo, el madurismo sin Maduro intenta ralentizar el proceso para asegurar su supervivencia y eventual relanzamiento, y figuras como Enrique Márquez se presentan como el puente de una reconciliación nacional, término que, junto al elogio como "socio, amigo y aliado" a Trump, se ha convertido en un lugar común del discurso político venezolano actual.

En ese panorama ¿será posible una política autónoma, que logre hacer avanzar la democratización del país al tiempo de recuperar lo que debiera estar orgánicamente únido, la soberanía popular y la soberanía nacional ante el interventor?

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