A la hora de defender sus privilegios, la oligarquía colombiana y sus testaferros políticos no se ponen con medias tintas ni rodeos. El gobierno de Abelardo de la Espriella ha decidido emprender una gigantesca operación de rescate de los intereses del gran capital financiero, los conglomerados empresariales y las élites económicas, trasladando los costos de la crisis fiscal a los trabajadores, las clases medias y los sectores populares.

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, han presentado ante el Congreso de la República la llamada Ley de Rescate Económico, con el argumento de enfrentar el déficit fiscal, el endeudamiento público y los supuestos excesos del gasto estatal.

Pero detrás de tal palabrerío se esconde una gigantesca operación de reestructuración ultraliberal y libertaria del Estado colombiano, orientada a reducir su capacidad de intervención social, disminuir sus responsabilidades públicas y garantizar mayores beneficios para los sectores más poderosos y voraces de la economía.

No estamos ante un simple rescate fiscal. Estamos ante una reforma tributaria regresiva y un proyecto de reorganización reaccionario del Estado que amenaza los derechos sociales consagrados en la Constitución de 1991.

El gobierno pretende justificar semejante arremetida con el anuncio de una inminente catástrofe financiera, con default incluido. Restrepo y Gómez han advertido que, de no aprobarse la ley, Colombia podría enfrentar un cese de pagos, es decir, una suspensión de pagos de sus obligaciones financieras.

Se trata de una advertencia que exige demostraciones rigurosas. La existencia de un déficit fiscal no significa necesariamente que el país se encuentre al borde de la insolvencia, ni justifica que la solución deba consistir en aumentar los impuestos a los trabajadores mientras se reducen las obligaciones tributarias del gran capital, especialmente de los bancos.

La crisis fiscal no puede convertirse en una coartada para imponer una política de regresión social.

El FMI sale al rescate del gobierno.

El respaldo expresado por el Fondo Monetario Internacional a la iniciativa gubernamental confirma la afinidad de la reforma con las orientaciones tradicionales de los programas de ajuste estructural promovidos por los organismos financieros internacionales.

El FMI ha recibido favorablemente la presentación del paquete fiscal, al considerarlo un paso importante para enfrentar los desequilibrios de las finanzas públicas.

No sorprende semejante pronunciamiento.

Durante décadas, el FMI ha promovido políticas de austeridad, reducción del gasto estatal, privatización de activos públicos y ampliación de impuestos indirectos para garantizar la sostenibilidad de la deuda y la confianza de los mercados financieros.

Aunque ese respaldo no demuestra que el organismo haya impuesto cada disposición del proyecto, sí revela una coincidencia fundamental en la orientación de la política económica.

El gobierno de De la Espriella pretende tranquilizar a los acreedores, las calificadoras de riesgo y los inversionistas financieros mediante una operación que amenaza con deteriorar las condiciones materiales de existencia de millones de colombianos.

La prioridad parece ser garantizar la rentabilidad del capital y el cumplimiento de las obligaciones financieras, mientras las necesidades sociales quedan subordinadas a los imperativos de la austeridad.

Se pretende salvar las finanzas públicas sacrificando el bienestar de quienes viven de su trabajo.

Una reforma tributaria contra los trabajadores.

El corazón de la Ley de Rescate Fiscal es una gigantesca reforma tributaria que modifica el IVA, el impuesto de renta, las contribuciones al sistema de salud y los beneficios........

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