A propósito del avance en el Senado del proyecto de "Escuelas Protegidas", impulsado por José Antonio Kast y presentado por el presidente como una respuesta firme frente a la crisis de violencia escolar en Chile —luego de distintos hechos ocurridos, como el caso de la inspectora asesinada en Calama por un estudiante—, pareciera que la salida securitaria se profundiza con este "gobierno de emergencia", como se autodenomina.

Lo menciono ya que este proyecto es la continuidad de otras iniciativas de corte securitario, en las cuales también se prometió restablecer el orden, fortalecer la autoridad docente y devolver la tranquilidad a las comunidades educativas. Sin embargo, han demostrado ser enfoques reduccionistas que simplifican el fenómeno de la violencia escolar, centrándose en los síntomas y dejando fuera sus causas más profundas.

Una de esas causas, entre otras por supuesto, es una cultura escolar patriarcal y masculinizante, frente a la cual, desde los distintos gobiernos que hemos tenido desde la vuelta a la democracia, poco y nada se ha hecho. Ya sea por negación, minimización del problema o simplemente por incapacidad de abordarlo seriamente en los colegios.

No se trata de un fenómeno aislado. La llamada "Aula Segura", aprobada en 2018, ya instalaba una lógica similar: frente a la violencia, acelerar sanciones, facilitar expulsiones y reafirmar el control institucional. Más recientemente, la nueva ley de convivencia educativa ha intentado ampliar el enfoque hacia el bienestar y la prevención, incorporando nociones de buen trato e incluso abriendo tímidamente la puerta al enfoque de género.

Pero hay un punto ciego que atraviesa todas estas iniciativas: ninguna de ellas aborda de........

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