En uno de los países donde más horas se trabaja, una reforma que garantizara tiempos adecuados de descanso para mejorar la vida y la productividad parecía una ecuación de ganar-ganar. No obstante, las modificaciones aprobadas por el Senado arrojan señales de que podría tratarse de una ilusión, más que de una verdadera “primavera laboral”.

Si bien la reforma constitucional avalada ayer contempla la reducción de la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas gradualmente hacia 2030, también abre la puerta a extender el número permitido de horas extra trabajadas por menos pago.

Los legisladores omitieron incluir la obligatoriedad de dos días de descanso —una de las principales exigencias sociales— y dejaron el tema en manos de un posible acuerdo negociable entre patrones y empleados, como sugirió el secretario del Trabajo Marath Bolaños en su visita al Senado.

La reforma fue respaldada en la votación general por todos los partidos políticos, con 121 votos. Con la aprobación unánime, los legisladores presumieron el crédito de haber sacado adelante la propuesta impulsada por la propia presidenta Claudia Sheinbaum. 

Con su voto, sin embargo, las y los legisladores respaldaron también que el límite de horas extra a la semana aumente y que los trabajadores tengan que laborar más tiempo extra para que le sea pagados al triple.

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Actualmente, después de las 9 horas adicionales, los empleadores deben pagar 200 por ciento más su costo; pero la reforma plasma en la Constitución que ese porcentaje se pueda alcanzar sólo a partir de que se acumulen 13 horas en la semana. Esas medidas no serán graduales. 

La extensión de las horas extra contradice el principal argumento usado por los legisladores promotores de la reforma.

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