Ricardo Mendoza Cerón, exjefe del Departamento de Despacho del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), enfrenta un proceso judicial por los delitos de homicidio y lesiones culposas tras el descarrilamiento fatal del Tren Interoceánico en Oaxaca ocurrido el 28 de diciembre de 2025. Sin embargo, en su vinculación a proceso hubo inconsistencias, tanto en la orden de detención como en la causa oficial del siniestro.

La aprehensión de Mendoza Cerón, el 27 de enero, se fundamentó en una orden dictada por la jueza de control, Diana Isabel Ivens Cruz, del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Cintalapa, Chiapas, bajo la causa penal 7/2026. El requerimiento se emitió sin que hubiera un citatorio previo, porque —según la Fiscalía General de la República— el funcionario  “se encontraba ilocalizable” y eso representaba un “alto riesgo de fuga”.

Este argumento de la FGR contrasta con la versión de su esposa Mariana Mondragón Sánchez, empleada administrativa, quien niega que su marido estuviera intentando evadirse de la justicia.  Recuerda que, inmediatamente después del accidente, Ricardo le llamó sin saber aún la dimensión de la tragedia. La comunicación duró poco, pues su esposo le tuvo que colgar para empezar a coordinar la ayuda para las víctimas. “Le gustaba mucho su trabajo”, asegura.

Días después, Ricardo le marcó nuevamente a Mariana, ahora para avisarle que lo habían aprehendido. Para verlo, viajó desde Guadalajara, su lugar de residencia, hasta Chiapas, donde su marido se encuentra en prisión preventiva en el penal estatal de “El Amate” ubicado en Cintalapa. En el  mismo penal está también el otro detenido, Felipe de Jesús Díaz Gómez, conductor del tren.

“Todos sabemos que su tema está complicado”, dice Mariana en entrevista con Animal Político. “Ahí andamos, a ver qué Dios dice, preocupados y ocupados en hacer escuchar su voz”, señala Mariana.

En la orden de aprehensión girada en contra de Ricardo Mendoza Cerón, de 53 años, y dos personas más, a la que Animal Político tuvo acceso, se puede constatar que agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fueron quienes indicaron que existía un “alto riesgo de fuga” de los imputados, en especial, del exjefe de Departamento de Despacho del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

“Fueron tres veces las que Ricardo compareció ante las autoridades”, asegura su esposa Mariana, refutando la versión de los agentes.  “Primero en la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF); después ante la FGR de Matías Romero, Oaxaca, y finalmente, en la FGR en la Ciudad de México.

Hay algo más que le preocupa. Dos semanas después del descarrilamiento del Tren Interoceánico, la Agencia Reguladora (ARTF), instancia donde Ricardo se presentó por primera vez cuando fue requerido, fue sustituida por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), creada por decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum el 13 de enero; es decir dos semanas después del descarrilamiento en el que murieron 14 personas y decenas resultaron heridas. Ante este cambio, a Mondragón no le queda claro si la declaración que su marido rindió ante la ahora reemplazada ARTF, será tomada en cuenta o no.

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