Organizaciones vecinales por el derecho a la vivienda y afectadas por desalojos en la Ciudad de México alertaron sobre un proyecto de sentencia de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), María Estela Ríos González, que podría validar la legalidad de desahuciar inquilinos en la capital del país mediante orden judicial.

El proyecto resuelve la acción de inconstitucionalidad 73/2019, un caso fundamental que podría definir el alcance de la protección del derecho a la vivienda y los derechos humanos de las personas sujetas a desalojos en la capital del país, asunto que podría ser votado en la sesión del próximo lunes.

Por ese motivo, para exponer sus puntos de vista, las organizaciones y afectados convocaron a una conferencia de prensa este viernes 16 de enero a las 10:00 horas en el campamento de Cuba 11, Centro Histórico de la Ciudad de México.

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En mayo de 2019, el Congreso de la Ciudad de México eliminó el artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos y sus Garantías, un catálogo de derechos que incorporaba estándares internacionales en protección de los habitantes de la capital del país, propuesta impulsada desde la ciudadanía.

De acuerdo con la Coalición Internacional para el Hábitat de América Latina, entre estos estándares estaban garantías como la prohibición de desalojos forzosos, el uso de la fuerza pública solo como último recurso, la no discriminación, la indemnización por daños sucedidos durante un desalojo y el realojamiento de personas en situación de vulnerabilidad.

“Su eliminación representó una medida regresiva, contraria al principio de no regresividad de los derechos humanos, razón por la cual la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentó una acción de inconstitucionalidad pidiendo que el artículo se restableciera”, señaló la coalición.

Por este motivo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnó dicha reforma al señalar que dicha norma transgredía el principio de progresividad al permitir los “desalojos forzosos” que vulneran el derecho a una vivienda digna.

Ahora, en su proyecto de sentencia, la ministra María Estela Ríos González propuso al Pleno de la Suprema Corte reconocer la validez del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, asegurando que un desalojo bajo mandato judicial y respetando el marco legal no se considera forzoso.

En su análisis, la ponencia de la ministra ponente señaló que el artículo impugnado no vulnera el derecho a la vivienda, sino que establece garantías mínimas para proteger a las personas.

Según el documento, la norma asegura que ningún desalojo podrá realizarse sin un mandamiento judicial debidamente fundado y motivado; que se debe respetar el derecho de audiencia y el debido proceso conforme a la Constitución Federal y que las........

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