La mañana del 23 de enero, 10 ingenieros y mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver esperaban a que pasaran los vehículos que los llevarían a trabajar cuando un supuesto comando armado llegó y se los llevó sin dejar rastro, según contaron sus familiares. 

Luego de 17 días de búsqueda, que se detonó a partir de una gran presión mediática en el país, el 9 de febrero autoridades confirmaron la identificación de cinco mineros, cuyos cuerpos fueron localizados en un predio de la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Sin embargo, la búsqueda de los ingenieros y mineros también provocó que las autoridades federales y estatales descubrieran diversas fosas clandestinas en la zona, con cuerpos y segmentos humanos de más personas desaparecidas en un estado que lleva más de un año inmerso en una guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa. 

La versión oficial más reciente de las investigaciones la dio a conocer este 10 de febrero Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien aseguró que los mineros fueron “secuestrados” por una célula del grupo criminal “Los Chapitos”.

“De acuerdo con las primeras detenciones que realizó el ejército de cuatro personas, presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad, lo que mencionan es que fueron confundidos (…) con integrantes de un grupo antagónico”, sentenció.

Al preguntarle por el grupo con el que habrían confundido a los mineros, el secretario se limitó a responder: “como sabemos, la lucha entre ellos es entre Chapos y Mayos”.

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Tras la localización de la primera fosa clandestina en El Verde, el colectivo Por las Voces Sin Justicia Mazatlán —que reúne a familias de otras personas desaparecidas— exigió a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa transparencia y datos precisos sobre los trabajos de localización e identificación.

“Para nuestras familias, cada hallazgo representa la posibilidad real de que ahí se encuentren nuestros seres queridos”, señalaron en un comunicado en el que manifestaron que la opacidad en los datos oficiales no solo incrementa su incertidumbre y dolor, sino que constituye un acto de revictimización.

Este suceso, además, se enmarca en un contexto de creciente inseguridad en la región. Tan solo este 10 de febrero se registró otro hecho de violencia: hombres armados privaron de su libertad a seis personas en Ahome. Cinco hombres permanecen desaparecidos, mientras que una mujer fue liberada con signos de tortura.

La denuncia inicial de la desaparición de los 10 ingenieros y mineros fue presentada por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) el 28 de enero, por lo que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares.

El caso se hizo visible luego de que familiares y representantes del sector minero alertaran públicamente sobre la desaparición múltiple de los trabajadores, asegurando que fueron interceptados y privados de la libertad.

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