Las reestructuraciones de deuda soberana se iniciaron durante décadas para responder a una pregunta que parecía tener la respuesta: ¿cuánto puede pagar un Estado?

La expansión de los mercados de capital, el desarrollo de estructuras empresariales internacionales, la mayor importancia de la claridad sobre quiénes son los beneficiarios finales, la lucha contra el dinero de origen ilegal y la división geopolítica han cambiado los tipos de riesgos que enfrentan los Estados y los mercados.

La sostenibilidad financiera sigue siendo fundamental en la actualidad, pero ya no parece ser suficiente.

Surge otra pregunta antes de cuestionarse cuánto puede pagar un Estado, una que hasta hace poco no era parte del debate internacional: ¿qué acreencias deberían ser reconocidas y qué estándares de transparencia institucional e integridad patrimonial deben seguirse?

La pregunta puede parecer jurídica. En realidad, es profundamente económica.

La confianza es el activo más crucial en cualquier reestructuración soberana. Los acreedores deben tener confianza no solo en la capacidad de pago del deudor, sino en la calidad institucional del proceso mediante el cual se establecen las obligaciones que serán objeto de la reestructuración.

En una economía global en la que el origen y el seguimiento de los activos están adquiriendo más importancia, la legitimidad del proceso no solo se fundamenta en las cifras financieras, sino también en la seguridad con que se llevan a cabo las prácticas para identificar dichas deudas.

La transformación de paradigma ha comenzado a manifestarse, aunque con sutileza, pero de manera importante, en la progresión de las instituciones internacionales.

La revisión de la estrategia del Fondo Monetario Internacional sobre prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CFT), publicada en diciembre de 2023, no modificó el mandato tradicional del Fondo ni le atribuyó competencias para investigar operaciones patrimoniales individuales. Tampoco pretendió convertir al FMI en una autoridad encargada de verificar acreencias dentro de procesos de reestructuración soberana.

Su aportación fue más sutil y, precisamente por ello, más trascendente.

El documento admite que mantener la integridad financiera es uno de los requisitos para proteger la estabilidad macroeconómica, consolidar la gobernanza y disminuir las repercusiones económicas de los flujos financieros ilegales. Por lo tanto, la transparencia patrimonial pasa a ser no solo un tema de vigilancia financiera o de persecución penal, sino también un factor que contribuye a la estabilidad institucional y económica.

Ese desplazamiento conceptual modifica la manera en que debe entenderse la arquitectura financiera internacional.

El Fondo Monetario Internacional continúa evaluando la estabilidad macroeconómica. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantiene su función de desarrollar estándares globales para la prevención del lavado de dinero y la........

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