La educación venezolana vive una etapa dolorosa, en un ecosistema de devastación material y moral, la figura del Ministro Héctor Rodríguez se ha convertido en símbolo de una gestión que persigue docentes, normaliza la miseria y somete la escuela al control político más absurdo, no se trata solo de un político determinado, sino de un modelo de poder que ve al maestro como amenaza cuando piensa, cuando reclama y como simple pieza desechable sin valor.

Un maestro venezolano gana entre 1,5 y 4 dólares mensuales, lo que equivale a centavos de dólar por día, una caída superior respecto a lo que percibía hace pocos años, con ese ingreso no se cubre ni una fracción de la canasta básica, estimada en cientos de dólares, el docente se ve obligado a sobrevivir con trabajos paralelos, remesas o sencillamente renunciar a la profesión para la que se formo, quedando el contraste, bajo contratos colectivos anteriores, un trabajador de la educación, según su nivel en el tabulador, llegó a percibir el equivalente a cifras superiores al salario mínimo internacional de la región, sumando además cobertura de salud por el IPASME y otros beneficios sociales hoy prácticamente pulverizados, la nueva normalidad es la jubilación insultante, educadores con más de 30 años de servicio que reciben prestaciones que no alcanzan ni los 100 dólares, una cifra que niega su trayectoria y convierte el retiro en condena.

La precariedad material se acompaña de una precariedad intelectual cuidadosamente construida, el currículo ha sido sometido a una remodelación estruendosa, donde se diluyen contenidos críticos, se reduce el énfasis en pensamiento científico y se introducen visiones sesgadas de la historia, acordes con el relato oficial, la escuela deja de formar ciudadanos para formar propagandistas, y en paralelo, se ha consolidado la práctica de designar directivos y docentes por instrucciones políticas y no por méritos académicos o pedagógicos.

Despidos, control y castigo político.

Este proceso de destrucción se ha reforzado a través del miedo, se han denunciado despidos y suspensión de salarios a miles de docentes por órdenes del PSUV, con excusas de todo tipo, percibidos por los afectados como despidos injustificados y represalia frente a su actitud crítica, se ha señalado a Héctor Rodríguez por remoción de directores por el simple hecho de acudir a protestas o reclamar derechos, instaurando un patrón de castigo político sobre el magisterio, estas prácticas tienen un efecto disciplinador, el maestro entiende que levantar la voz puede significar quedar fuera de nómina, perder su salario en vacaciones, o ser borrado del sistema sin explicación ni debido proceso, el PSUV, desde estructuras de poder local y central, convierte la estabilidad laboral en instrumento de control ideológico, violando la autonomía pedagógica y cancelando la posibilidad de una escuela crítica.

La tragedia ética y política se refleja en el planteles sin mesas, sin sillas, sin pupitres; con techos rotos, filtraciones incontrolables, pisos levantados, paredes agrietadas, baños destruidos y ausencia casi absoluta de agua potable, en numerosas escuelas, la infraestructura se parece más a un depósito abandonado que a un espacio de aprendizaje, el Estado ha abdicado de su obligación elemental de garantizar condiciones mínimas para la educación, en muchos lugares, los niños comparten pupitres, llevan su propia silla o reciben clases a la intemperie, la escuela rural se ha convertido en sinónimo de precariedad extrema, caminos intransitables, planteles sin comedor funcional, sin transporte, sin insumos, el maestro todavía resiste, la épica cotidiana es enseñar sin recursos, sosteniendo con la voz y la presencia lo que el Estado niega.

Apure: educación en un llano destruido.

El estado Apure condensa de forma dolorosa esta realidad, dirigentes sindicales y voceros del sector han denunciado deterioro profundo del sistema educativo, planteles devastados, deserción de docentes, salarios irrisorios e infraestructura que no soporta ni una jornada de lluvia, Apure, estado llanero y fronterizo, ha sufrido en todas sus dimensiones, violencia, crisis económica, colapso de servicios, y la educación no ha sido la excepción, sino uno de los rostros más visibles del desastre.

En conversaciones con referentes de la lucha sindical como Bofil Torres, Lino Díaz y José Agustín Paredes, me han descrito un ambiente donde el maestro se debate entre la vocación y el exilio, entre la persistencia y el abandono, José Paredes recuerda los tiempos en que la cuarta contratación colectiva garantizaba salarios respetables, beneficios médicos efectivos y condiciones que, con todos sus límites, permitían que la carrera docente fuese proyecto de vida y no una condena de muerte, hoy, en cambio, la palabra que mejor define la situación es desfiguración: nada se parece a lo que se prometió en la retórica de la “revolución del siglo XXI”.

Luis Beltrán Prieto Figueroa concebía la educación como herramienta para la transformación social de la patria, destinada a mejorar las condiciones de vida y promover el desarrollo integral del país, planteaba una educación integral que formara al individuo en lo académico, lo técnico y lo socio histórico, cultivando conocimientos, habilidades y valores como la solidaridad, el respeto y la corresponsabilidad, Para Prieto, el Estado Docente tenía la responsabilidad ineludible de garantizar una educación de calidad, inclusiva, de masas, donde el maestro fuera una figura central, intelectual y moral de la comunidad, en su tradición se inscribe la idea de que “educar es, por encima de todo, formar una conciencia, crear un espíritu, señalar un rumbo”, una frase que recuerda que la tarea docente no se reduce a transmitir contenidos, sino a acompañar el nacimiento de una voluntad éticamente orientada.

La estafa de la “revolución” y el maestro como víctima central.

La mal llamada revolución del siglo XXI prometió dignificar a los trabajadores, colocar al maestro en el centro de la transformación social y hacer de la escuela un instrumento privilegiado de justicia, la realidad es lo contrario, salarios de hambre, prestaciones ridículas, jubilaciones indignas, pérdida de beneficios, destrucción de la infraestructura y persecución política sobre quién se atreve a exigir derechos, es una estafa histórica que ha usado el discurso de la inclusión para justificar el control, y el lenguaje de la igualdad para encubrir una desigualdad brutal entre una elite protegida y un magisterio empobrecido.

Héctor Rodríguez no es un simple administrador fallido, sino un engranaje activo en el disciplinamiento, señalado por despidos masivos, suspensiones de salarios y uso de la autoridad para castigar la protesta en lugar de atender sus causas, llamarlo “enemigo de la educación” no es una exageración retórica, sino la descripción de una praxis: la de quien prefiere una escuela arrodillada antes que un magisterio crítico.

Los educadores venezolanos deben ser reivindicados de manera urgente, sin maestros dignificados no hay posibilidad de reconstruir la República, porque toda transformación económica, social o institucional descansa finalmente en la calidad humana y profesional de quienes educan a las nuevas generaciones, reivindicar significa salario suficiente para vivir con decoro, prestaciones que reconozcan una vida de servicio, beneficios de salud efectivos y condiciones laborales que no obliguen al maestro a pedir limosna ni migrar para sobrevivir, reivindicar también significa desmantelar el aparato de control político sobre la escuela, reincorporar a quienes fueron expulsados arbitrariamente, restituir salarios suspendidos, garantizar concursos por mérito, reconstruir el currículo sobre bases científicas y democráticas, y devolver a las comunidades el derecho a participar en la definición de su proyecto educativo. Solo así la escuela podrá volver a ser, en el sentido profundo que le daba Prieto Figueroa, una herramienta de transformación social y no un instrumento de sometimiento.

La crisis educativa no es un problema solo de maestros, es un problema de país, cada salario de cuatro dólares es un aula que se vacía, cada despido por razones políticas es una lección de miedo que aprenden los estudiantes, cada escuela destruida es una señal de que se está renunciando al futuro, por eso, el silencio social frente a esta tragedia es también una forma de complicidad involuntaria, educar, decía Prieto, es formar conciencia y señalar un rumbo, quienes creemos en Venezuela tenemos la obligación moral de estar del lado de los docentes, acompañar sus luchas, amplificar sus denuncias, construir redes de apoyo y exigir, desde todos los espacios, cambios reales que sostengan a nuestros educadores y rescaten de las ruinas al sistema educativo venezolano.

Solo así Héctor Rodríguez y quienes comparten su modelo dejarán de ser enemigos de la educación para convertirse, por la presión de una sociedad despierta, en simples episodios dolorosos de una historia que el país decidirá no repetir.

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