“Cuando la ley ya no te protege de los corruptos, sino que protege a los corruptos de ti, sabes que la nación está condenada”. Ayn Rand

La Justicia, en su concepción platónica, es una virtud. En la Argentina, en cambio, se ha convertido demasiadas veces en una variable de ajuste político. Cuando los ciudadanos comienzan a sospechar que una misma ley puede tener distinto significado según quién sea el acusado, quién la víctima o qué intereses estén en juego, ya no estamos ante una simple deficiencia del servicio de Justicia: estamos ante una enfermedad de la República. La Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, tiene la obligación de percibir el enorme desprestigio que éste ha acumulado ante una ciudadanía que contempla, entre inerme y resignada, el manto de impunidad que demasiados jueces y camaristas federales tienden sobre los poderosos — sean empresarios, políticos o dirigentes de la AFA — termina preguntándose si existe realmente una Justicia igual para todos.

Y esa pregunta es devastadora. No hay República posible cuando el ciudadano común siente que la ley cae sobre él con todo su peso mientras se vuelve maleable cuando llega a los despachos donde se deciden los destinos de los poderosos. No me refiero solamente a la proverbial lentitud de nuestros tribunales. El problema es más profundo: la percepción de que los tiempos, las interpretaciones y hasta las competencias judiciales pueden modificarse según las circunstancias. Hay causas que duermen durante décadas y otras que de pronto adquieren una velocidad sorprendente. Hay decisiones que parecen definitivas hasta que cambia el escenario político y jueces que sostienen una interpretación para luego encontrar argumentos para sostener exactamente la contraria.

El propio diseño constitucional atribuyó al Consejo........

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