Hay imágenes que atraviesan el tiempo y nos remontan directamente a nuestra historia y por consecuencia a nuestros símbolos. En 2024, en plena carretera nacional, en Aragua, cuna de guerreros y tierra labrada de la historia, un hombre decidió montarse a caballo y avanzar con una bandera venezolana ondeando sobre el asfalto. No fue un acto planificado, ni una protesta convocada, fue la acción ciudadana tras el 28 de julio. Este hecho fue un claro mensaje para el pueblo mismo. En los llanos, el caballo no es solo transporte ni ornamento, es movimiento, es desafío, es raza, es libertad plena, confianza y lealtad. Esa imagen, que para muchos pudo parecer aislada o anecdótica, dejó sembrado un símbolo que hoy vuelve a cobrar sentido en el imaginario colectivo, aunque quizás no se describa con estas mismas palabras.

No es casual que, años después, las excarcelaciones del 8 de febrero puedan interpretarse por muchos venezolanos como la suelta de caballos que durante años permanecieron amarrados. Tampoco es casual que algunos de esos caballos hayan sido liberados solo para ser contenidos nuevamente, porque la historia venezolana siempre ha estado atravesada por esa tensión entre permitir el movimiento y temerle al impulso popular, entre abrir compuertas y luego intentar cerrarlas antes de que el caudal desborde e irremediablemente traiga consigo esperanza, democracia y república.

Las excarcelaciones recientes dejaron al descubierto esa contradicción. Nombres como Jesús Armas, Juan Pablo Guanipa, Freddy Superlano, Perkins Rocha, Albany Colmenares en Carabobo, María Oropeza en Portuguesa, entre otros, reaparecieron en el espacio público con una fuerza simbólica que supera la dimensión estrictamente política y con el brío del momento. No se trata únicamente de liderazgos opositores ni de disputas partidistas, se trata de voces propias, del terreno, algunos los catalogan de ¨héroes¨ que sobrevivieron al encierro y regresaron convertidas en relato nacional, en recordatorio de que la prisión no logró borrar determinadas presencias, ni su conexión con sus territorios, parroquias o estados.

Sin embargo, la secuencia posterior evidenció una lógica conocida dentro del funcionamiento del poder. En el caso de Guanipa, su excarcelación estuvo acompañada por medidas cautelares que establecían prohibición de salida del país y régimen de presentación periódica, sin limitaciones formales a su expresión pública o a su contacto con la ciudadanía. Aun así, su recorrido por Caracas fue interpretado como provocación, derivando en una nueva detención, señalada por distintos sectores como desaparición forzada seguida de la imposición de un régimen domiciliario más restrictivo. Más allá del episodio individual, el mensaje político es evidente: La libertad aparece concedida bajo condiciones implícitas, no escritas en expedientes judiciales, pero sí presentes en las reglas no declaradas del control político tras el 3 de enero. Es una libertad vigilada, una libertad condicionada, una libertad que recuerda permanentemente que puede ser retirada, y eso aplica para cualquiera, lo cual es aún más peligroso.

Este patrón ha sido descrito dentro de los estudios sobre sistemas políticos donde el poder administra el conflicto social sin desmontar sus estructuras de dominación. La liberación parcial de presos políticos puede funcionar como una válvula de presión que reduce tensiones sociales, reorganiza el escenario político y permite reposicionar actores sin alterar el equilibrio actual del poder. No necesariamente representa transformaciones estructurales, sino movimientos tácticos dentro de un tablero que intenta mantenerse estable, ganar tiempo y aire.

No obstante, reducir estas excarcelaciones a una sola lectura sería intelectualmente insuficiente. Ante esto también es posible preguntarse si algunos de estos gestos responden a tensiones internas del propio poder, porque parece atomizado quien ordena detener en Venezuela, a decisiones que no siguen una estrategia uniforme o incluso a dinámicas de improvisación política. El chavismo ha construido durante años una narrativa atravesada por contradicciones, anuncios reversibles y decisiones que no siempre responden a su lógica originaria. Leer sus movimientos se vuelve complejo precisamente porque la opacidad ha sido parte de su método de gobernar.

Esa ambigüedad produce un fenómeno social delicado. Incluso cuando pueden existir gestos que aparentan apertura, el historial acumulado de detenciones arbitrarias, tortura, reinterpretaciones discrecionales de la ley y restricciones posteriores impide que esos gestos sean leídos con confianza social. La sociedad venezolana ha sido expuesta durante demasiado tiempo a promesas que terminan convertidas en falsos diálogos, en nuevas limitaciones, generando una fractura profunda entre las señales institucionales y la credibilidad ciudadana.

La experiencia criolla también puede comprenderse desde una dimensión más profunda del ejercicio del poder. Hannah Arendt advertía que los sistemas que utilizan el terror como mecanismo político no buscan únicamente castigar, sino reorganizar el comportamiento social mediante el miedo, hasta convertirlo en un lenguaje cotidiano que regula la vida pública y privada. En ese contexto, la represión deja de ser un evento excepcional y comienza a transformarse en una norma silenciosa o eso es lo que ellos esperan, aunque el momento político haya cambiado.

Durante años, Venezuela ha transitado ese proceso. La detención arbitraria, la amenaza permanente, la reinterpretación selectiva de la ley y la persecución judicial no solo han afectado a dirigentes políticos, han moldeado la conducta colectiva, había instalado la autocensura y habían tratado de fragmentar la confianza social sin legitimidad. Por eso, cuando comienzan a producirse excarcelaciones parciales, el impacto trasciende lo jurídico y lo político. La sociedad enfrenta algo más complejo: la posibilidad de imaginar nuevamente la libertad, incluso a pesar de que algunos solo conocen su modelo. Este momento resulta particularmente delicado para cualquier sistema de control. El miedo, una vez erosionado, rara vez recupera su forma original. La libertad, incluso cuando es limitada o condicionada, puede convertirse en una experiencia contagiosa que reconfigura la relación entre el poder, la ciudadanía y la legitimidad.

Mientras el debate público se concentra en liderazgos visibles, otras historias permanecen en silencio. Madres, esposas, hijas y familiares de presos políticos han sostenido durante años la lucha más constante y menos reconocida. Mujeres que han vivido vigilias, persecución, incertidumbre jurídica y dolor cotidiano sin tribunas ni cámaras, convirtiéndose en el rostro más honesto de esta resistencia. Ellas han sostenido la memoria del país cuando el silencio parecía imponerse, y su protagonismo no puede quedar desplazado por los vaivenes que intentan mover la agenda política, porque claramente este símbolo ciudadano ha permeado en el régimen actual tanto para sus bases como para sus aliados, buscando bajar presiones ciudadanas y tratar de imponer una narrativa política ajustada al régimen que necesita tiempo. Ya lo vimos con Jorge Rodríguez presentando falsos familiares de presos políticos.

La historia venezolana conoce bien el poder de los símbolos colectivos. Durante la guerra de independencia, los lanceros de José Antonio Páez no representaban únicamente fuerza militar, representaban al llano que se movía de forma impredecible, que emergía del pueblo mismo. El caballo, en ese contexto, simbolizaba ruptura territorial, legitimidad, desafío político y movimiento popular y gesta libertaria. Ese mismo simbolismo reaparece, no solo en quienes fueron excarcelados, sino en lo que representan para comunidades enteras fuera de Caracas. En los pueblos, en los estados, en la Venezuela profunda, estos nombres no se leen únicamente como actores políticos. Se leen como señales de resistencia, como prueba de que el encierro no logró borrar determinadas voces ni determinados afectos sociales.

Y allí emerge el verdadero dilema político del momento. Liberar figuras con capacidad de amplificación social puede ser interpretado como gesto de apertura, pero también como estrategia de contención. La libertad parcial funciona como válvula social, pero también como mecanismo para medir hasta dónde llega la pérdida del miedo colectivo que ya se ha visto en diferentes momentos, en diferentes lugares y hasta en la salida de la clandestinidad de algunos lideres como Delsa Solorzano y Andrés Velázquez.

El problema es que el miedo, cuando comienza a quebrarse, rara vez vuelve a su punto inicial.

Muchos de los nombres excarcelados podrían convertirse en actores relevantes en futuros procesos políticos, incluso electorales, formando parte de la reorganización del liderazgo en el país. Las excarcelaciones, en ese sentido, dejan de ser solo un evento judicial para convertirse en una pieza del tablero político por venir.

Intentar reducir este fenómeno a provocaciones individuales o a disputas partidistas resulta una lectura limitada de lo que ocurre. Lo que está en juego no es únicamente el comportamiento de determinados liderazgos, sino la relación entre un pueblo que intenta recuperar su voz y un poder que busca administrar ese despertar. La historia venezolana demuestra que los quiebres sociales rara vez anuncian su llegada con claridad. El Caracazo no surgió como proyecto político estructurado, sino como resultado de tensiones acumuladas que encontraron un punto de ruptura inesperado. Nadie pudo prever el momento exacto, pero las condiciones estaban sembradas mucho antes.

En el escenario actual, muchos de esos elementos vuelven a aparecer, no necesariamente como ruptura inmediata ni como explosión social, tampoco como transición aunque podríamos estar en una transición hacia la transición, sino como erosión progresiva del miedo que sostenía el control. No significa que el desenlace será el mismo, ni que el país busca caminos violentos. Significa que existe una sociedad que comienza a perder el miedo, y esa transformación, lenta pero sostenida, modifica cualquier ecuación política porque altera el cálculo de riesgo tanto para quienes gobiernan como para quienes resisten.

Los caballos de la libertad pueden ser contenidos momentáneamente, vigilados, sometidos a medidas cautelares o casa por cárcel como se pretende hacer, pero cuando un país comienza a recordar cómo se siente correr libre, contener ese movimiento se vuelve cada vez más costoso. La pregunta que Venezuela empieza a enfrentar no es cuántos caballos pueden seguir siendo retenidos, sino cuánto tiempo más puede sostenerse un sistema que intenta contener a una sociedad que ya probó la libertad y dejó de temerle al castigo. Históricamente, ya sabemos qué ocurrió con los lanceros de Páez cuando dieron vueltan caras.

© Analítica