El coste de hacer lo correcto

Las cuentas de la regularización no salen. Y, aun así, hay que hacerlo. Pero que no nos mientan. Que digan que asumen la responsabilidad de hacerse cargo de las consecuencias de una mala gestión

Conozco un niño que juega en el parque, habla y ríe como los demás y sueña con ser policía y torero. Está aquí, pero no del todo. Pertenece, pero no jurídicamente. Ese niño (y tantos como él) está escolarizado con un pasaporte como única identificación, aunque su permiso de estancia caducó hace tiempo, unos meses después de entrar por Barajas en brazos de su madre con dos años. Entrena en el equipo de fútbol del barrio, pero no puede jugar los partidos: sin NIE no lo pueden federar en la liga municipal.

El Gobierno ha aprobado la regularización extraordinaria de inmigrantes. Este niño podrá acogerse a ella, y eso es una buena noticia. La medida se ha presentado, tras el consabido gesto epistolar presidencial, como una inversión: cada persona regularizada, se nos dice, aportará miles de euros al año a las arcas públicas. Hacer lo correcto, además, «sale a cuenta». Y, sin embargo, hay algo en ese argumento que chirría. No porque la medida sea equivocada en las circunstancias actuales (no lo es), sino porque no hace falta forzar los argumentos para defenderla. Hacer lo correcto no siempre coincide con lo más conveniente, pero parece que no podemos aguantar esa disonancia y necesitamos que nos la envuelvan en un relato fácilmente digerible.

Para sostener ese relato, el equipo de asesores de La Moncloa suele apoyarse en dos estudios: el de Elias, Monràs y Vázquez-Grenno sobre la regularización de 2005 y el de Gálvez-Iniesta sobre el impacto fiscal potencial de la inmigración. Ambos son trabajos serios, pero se........

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