Estamos ante un crimen estudiado, premeditado y cultivado por años, pero que requería la «capacidad de poder y fuerza» del Estado y el Gobierno de los Estados Unidos.

Los victimarios contaban con la intención, la premeditación, el motivo y los objetivos; y para montar la trampa, la escena y la escenografía, utilizaron la fuerza bruta para aplastar la legalidad internacional.

El motivo vicia el acto

El derecho estadounidense es una maquinaria de precisión donde el motivo vicia el acto. No importa cuánta escenografía de justicia se pretenda montar en Nueva York; si el motivo subyacente es ilegítimo, el proceso entero nace muerto.

Al confesar que el objetivo final era «apoderarse de Venezuela y quedarse con todo ese petróleo», el señor Donald J. Trump ha firmado una admisión de intencionalidad criminal que transforma este juicio en una operación de extorsión internacional con rehenes de Estado.

En la lógica del derecho anglosajón, esto se conoce como una Vindictive Prosecution (Persecución Vindicativa) y una Outrageous Government Conduct (Conducta Gubernamental Indignante), figuras que obligan a cualquier juez honesto a cerrar el caso de inmediato.

La prueba reina de esta confesión quedó registrada para la historia el 10 de junio de 2023 en Greensboro, Carolina del Norte. Ante una convención del Partido Republicano, Trump abandonó cualquier pretensión de «ayuda humanitaria» o «democracia» y soltó la verdad del saqueador:

«¿Qué les parece que estemos comprando petróleo a Venezuela? Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos habríamos apoderado de ella, nos habríamos quedado con todo ese petróleo. Habría estado justo al lado. Pero ahora compramos petróleo a Venezuela, enriqueciendo a un dictador».

Bajo la Federal Rule of Evidence 801(d)(2) (Regla Federal de Evidencia sobre admisiones de la parte contraria), esta declaración vincula a todo el Estado que Trump dirige hoy en 2026.

No es la opinión de un ciudadano; es la confesión del Jefe del Ejecutivo admitiendo que el asedio contra Venezuela siempre fue un plan de pillaje petrolero. Para la defensa de Barry Pollack, esto es el Fruit of the Poisonous Tree (Fruto del Árbol Ponzoñoso) que contamina cada prueba, cada testigo pagado y cada acta del tribunal de Manhattan.

Pero la ambición colonial no se detiene en el crudo. El entorno de poder de Trump ha cultivado lo que hoy conocemos como la Doctrina Burgum. Doug Burgum, Secretario del Interior y pieza clave en la política energética, ha sido brutalmente explícito durante la Cumbre «Escudo de las Américas» a inicios de 2026 cuando sentenció:

«No podemos permitir que China controle la cadena de suministro de tierras raras y minerales críticos en nuestro propio hemisferio. El acceso a los recursos de Venezuela es una cuestión de seguridad nacional de los Estados Unidos y debemos asegurar que esos activos regresen a manos de empresas que respeten nuestros intereses estratégicos».

Aquí el lenguaje de la «libertad» es sustituido por el del «acceso exclusivo». Al presentar el oro y los minerales estratégicos como objetivos de seguridad nacional, el gobierno de EE.UU. ha confesado que Nicolás y Cilia no están ante un tribunal de justicia, sino que son prisioneros de guerra y rehenes de una invasión económica.

Esta patología del poder alcanza su punto más cínico cuando el propio Trump, el 7 de marzo de 2026 en Miami-Doral, intenta convertir el derecho penal de Nueva York en una oficina de cobro privada para las transnacionales.

Al referirse a las nacionalizaciones venezolanas —que son actos soberanos amparados por el derecho internacional—, Trump exclamó:

«Venezuela le robó a nuestras empresas, le robó a los accionistas estadounidenses durante años con esas........

© Últimas Noticias