Educar en derecho: la primera garantía de ciudadanía

En los debates contemporáneos sobre el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, suele insistirse —con razón— en la necesidad de instituciones sólidas, independientes y normas claras. Sin embargo, con frecuencia se pasa por alto un presupuesto elemental sin el cual dichas estructuras pierden eficacia material: la formación jurídica de la ciudadanía. En efecto, difícilmente puede hablarse de garantía real de derechos cuando quienes son sus titulares desconocen su existencia, su alcance o los mecanismos para exigirlos.

La educación jurídica, entendida en un sentido amplio, no se reduce a la formación de abogados ni a la enseñanza especializada del derecho en las facultades. Se trata, más bien, de un proceso de alfabetización normativa que permita a las personas comprender el lenguaje jurídico básico, identificar situaciones de vulneración y activar —con criterio— los instrumentos institucionales disponibles. En este sentido, educar en derecho es, ante todo, una apuesta por democratizar el acceso al poder que subyace en el conocimiento de la ley.

La conocida máxima según la cual “la ignorancia de la ley no sirve de excusa” adquiere, en este contexto, un matiz problemático. Si bien cumple una función estructural en el ordenamiento jurídico, lo cierto es que su aplicación resulta profundamente desigual en sociedades donde el acceso a la información y a la educación no está distribuido de manera equitativa. Así, la presunción de conocimiento de la ley........

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