Sabemos desde siempre que la tecnología avanza a un ritmo que las legislaciones estatales rara vez logran predecir, pero en el contexto colombiano, esa brecha no solo se mide en rezago normativo, sino en vidas humanas.

El endurecimiento en la regulación para la importación y comercialización de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS) en el país —materializado en la Resolución 000242 de diciembre de 2025— responde a una cruda y dolorosa realidad. Las cifras recopiladas por Naciones Unidas dan cuenta, en los primeros cinco meses de 2026, de 121 ataques con drones, con un saldo trágico de 21 muertos y 145 heridos. La población civil, que representa un infame 32 por ciento de las víctimas de esta nueva modalidad ofensiva, se encuentra, una vez más, atrapada en una vulnerabilidad inédita.

Entonces: claro que en Colombia deben tomarse medidas para frenar el avance de los drones como armas de guerra. Pero........

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