Los servicios públicos esenciales no son un lujo ni una comodidad. Son la infraestructura invisible que sostiene la vida moderna. Por eso la Constitución y la Ley 142 de 1994 establecen que su prestación debe ser continua y eficiente y que, en el caso de este tipo de servicios, el derecho a la huelga tiene límites precisos. No se trata de favorecer a una empresa, ni de vulnerar los derechos de los trabajadores. Se trata de proteger a la sociedad.

Cuando hablamos de energía no hablamos de confort. Hablamos del funcionamiento de hospitales y centros de diagnóstico, de sistemas de semáforos y de alumbrado público, de telecomunicaciones, de la actividad productiva de miles de pequeños negocios que no resisten........

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