El anuncio del nuevo impuesto a la seguridad en Santander, que será incluido en los recibos de energía eléctrica a partir de septiembre, ha desatado un rechazo contundente por parte de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. Detrás de esta medida, impulsada por el gobernador Juvenal Díaz Mateus, exgeneral vinculado a ejecuciones extrajudiciales y escándalos de corrupción, se esconde una estrategia acorde a la doctrina militar colombiana: consolidar un modelo de seguridad que, lejos de proteger a la población, fortalece el control militarizado, beneficia a estructuras paramilitares y profundiza la economía de la guerra en la región.

Bajo el argumento de «modernizar» la fuerza pública con cámaras de vigilancia y tecnología, el gobierno departamental busca transferir a la ciudadanía el costo de una política represiva que históricamente ha servido para proteger intereses de élites y actores armados. Es indignante que, en un país donde el presupuesto de defensa supera los 61 billones de pesos anuales, suficiente para gastar 122 millones por........

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