Durante sus primeros seis meses, buena parte de los problemas políticos del gobierno de José Antonio Kast pudieron observarse mirando hacia La Moneda: diferencias entre ministros, descoordinaciones, problemas con la comunicación de gobierno, controversias con los partidos y decisiones que debieron ser corregidas después de anunciadas. Ahora comienza a aparecer otro frente. Para entenderlo hay que mirar hacia las regiones y comunas.

La controversia por el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal es una señal. Alcaldes oficialistas y opositores cuestionaron una disposición que podría vincular el incumplimiento de determinados requisitos para directores de seguridad e inspectores municipales con responsabilidades administrativas que eventualmente conduzcan al cese del alcalde. La crítica no se refiere únicamente al contenido. Los municipios reclaman que una regulación que afecta directamente sus responsabilidades fue elaborada sin suficiente participación del mundo municipal.

El episodio puede parecer acotado. Probablemente no lo sea. Lo que empieza a insinuarse es una territorialización del conflicto político: decisiones concebidas desde el gobierno central encuentran resistencia cuando llegan al nivel donde deben ser ejecutadas y donde sus costos adquieren nombre, presupuesto y responsables.

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