En enero escribí que Chile no fallaba cuando ardía, sino cuando decidía tarde. Los incendios forestales mostraban un Estado capaz de movilizar recursos y responder a la emergencia, pero con serias dificultades para anticipar los riesgos. Los acontecimientos de los últimos días obligan a revisar esa afirmación. El aluvión de San Carlos de Apoquindo y las inundaciones en Ñuñoa y Providencia sugieren que el problema puede ser más profundo: estamos teniendo dificultades no solo para prevenir las emergencias, sino también para conducirlas.

Lo ocurrido en Santiago no puede explicarse únicamente por la intensidad de los fenómenos meteorológicos. El clima está cambiando y las ciudades enfrentan amenazas cada vez más complejas. Pero una cosa es la imprevisibilidad de una tormenta y otra, muy distinta, la vulnerabilidad acumulada de los territorios donde descarga. Las lluvias pueden sorprender. Las quebradas, los sistemas de evacuación de aguas lluvias y las condiciones de la infraestructura urbana llevan años a la vista.

El caso de San Carlos de Apoquindo resulta especialmente revelador. Existían advertencias técnicas sobre el riesgo de remociones en masa, mientras las obras de contención seguían pendientes. Después vino la discusión sobre las alertas, los tiempos de respuesta y las competencias institucionales. Ahora, tras las inundaciones del martes, nuevamente aparecen autoridades que reclaman recursos, cuestionan la coordinación y disputan responsabilidades.

El problema no es que falten instituciones. Chile tiene una institucionalidad especializada, protocolos, organismos técnicos, gobiernos regionales y municipios con capacidades de respuesta. Lo que estos........

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