El 3 de julio, en los juzgados de Letras del puerto de San Antonio, la comunidad de vecinos del asentamiento y campamento Placilla de la localidad de la V Región del país, demandó legalmente que el recurso de protección que ordenó su desalojo, «no puede hacerse valer respecto de quienes jamás fueron parte de ese proceso judicial, nunca fueron emplazados ni tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho a defensa», y que «ninguna familia puede ser desalojada sin un juicio previo».

De acuerdo al abogado de las casi 1700 familias de Placilla, Gustavo Burgos, «La acción civil presentada constituye un hecho de enorme importancia política, social y jurídica. No se trata simplemente de una nueva presentación judicial frente a una amenaza de desalojo. Estamos ante la primera acción civil conocida a nivel nacional que busca enfrentar, en el propio plano institucional, el viraje jurisprudencial que en los últimos años ha puesto a las Cortes en línea con los intereses de las grandes inmobiliarias y propietarios de suelo, pervirtiendo el sentido protector del recurso de protección».

– ¿Cómo se vició el recurso de protección en estos casos?

«En los conflictos de suelo y vivienda, especialmente desde 2023, este mecanismo ha sido progresivamente transformado en una vía expedita de lanzamiento colectivo, utilizada por grandes propietarios para obtener desalojos masivos sin pasar por un juicio ordinario, sin individualización real de las familias afectadas y sin garantizar el derecho elemental a ser oído.»

-¿Qué argumento sustantivo sostiene la medida de los habitantes del campamento?

«La demanda no busca desconocer formalmente la existencia de una sentencia dictada por la Corte Suprema en un recurso de protección relativo al Fundo Miramar. Lo que plantea es algo distinto y decisivo: una sentencia no puede........

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