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Recientemente, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés) divulgó un informe de conclusiones detallas sobre la situación en nuestro país. En un documento de 185 páginas, el ente concluye que los hechos ocurridos, luego de las elecciones, constituyen el crimen de persecución por motivos políticos. Además, que el abuso de poder diagnosticado es una continuación de conductas anteriores, que fueron caracterizadas en su momento como crímenes de lesa humanidad. Este sería el sexto informe realizado por la Misión desde 2020, fecha de inicio de su labor.

Desesperados como estamos por el ver el final de la pesadilla, pudiéramos pensar que este documento es un informe más, que cada vez tienen menos impacto. O que no generan consecuencias inmediatas para los responsables.

Es cierto que la mayoría de los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos se basan en la «buena fe» de los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones. Esto es una ventaja para los gobiernos que están dispuestos a enfrentar el aislamiento con tal de mantenerse en el poder. Y que por tanto se vuelven impermeables a las críticas de la comunidad internacional.

Sin embargo, en estos momentos, es de una gran trascendencia el trabajo realizado por la FFM, la cual se ha convertido en el más importante mecanismo de «Memoria» y «Verdad» con el que contamos los venezolanos. Frente al cierre del espacio cívico, y por tanto el debilitamiento de las capacidades de periodistas y defensores de derechos humanos en realizar su trabajo de ser testigos de su tiempo, son informes como los de la FFM los que, de manera sistemática, realizan el inventario del horror.

Y aunque ratifiquen lo que los........

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