Titerinazgo y narrativas emergentes, por Alejandro Oropeza G.

«El poder surge allí donde las personas actúan juntas»

Hannah Arendt, La condición humana, 1958.

Dos meses después de la impactante «Operación Resolución Absoluta» que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas especiales de Estados Unidos, Venezuela vive una crisis política de algo parecido a una transición que ha abierto nuevos interrogantes sobre la dirección y el soporte institucional del Estado, así como del rol de los actores políticos.

La ausencia física del hombre fuerte del chavismo, ha generado una compleja mezcla de continuismo, resistencia política y más fragilidad institucional. El operativo estadounidense, que desató una ola de reacciones internacionales —desde el rechazo de países de la región que lo consideraron una violación a la soberanía hasta el apoyo explícito de sectores opositores venezolanos y gobiernos aliados de Washington— marcó un antes y un después en la historia reciente del país. Advirtiendo que la responsabilidad histórica de este hecho es responsabilidad exclusiva del procerato revolucionario a lo largo de todos estos años.

A nivel interno, la narrativa dominante de la dictadura ha buscado minimizar la importancia de la captura y reforzar la continuidad del proyecto político o de extensiones pretendidamente asépticas a él. La figura de Delcy Rodríguez —hasta entonces vicepresidenta— ha sido presentada oficialmente como la encargada de preservar el orden constitucional, sosteniendo que la nación transita una fase de «resistencia soberana» ante lo que describe como una agresión ilegítima de la potencia extranjera, a la cual, sea dicho, se obedece… porque se tiene que obedecer.

Esta neo-narrativa oficial combina dos hilos discursivos: por un lado, la denuncia de una injerencia extranjera que pretende subyugar la soberanía; por otro, la promesa de continuidad del proyecto revolucionario o de parte del mismo, todo matizado por concesiones pragmáticas. El discurso del oficialismo procura proyectar normalidad —como si nada hubiese cambiado realmente— y apela a la fidelidad emocional de sus bases, con consignas de retorno de Maduro y exigencias de su liberación.

Sin embargo, la realidad de la conducción del Estado es mucho menos ideal para el chavismo confinado en Venezuela. Bajo la presidencia interina, el gobierno impulsa reformas económicas, promulga una limitada amnistía de presos políticos, modifica marcos legales para recibir inversiones petroleras y tolera protestas que hasta hace poco eran impensables.

Este viraje pragmático ha sido interpretado como un intento de oxigenar un régimen debilitado, más preocupado por la supervivencia que por la retórica anti imperialista que lo definió hasta 2025.

Este viraje pragmático ha sido interpretado como un intento de oxigenar un régimen debilitado, más preocupado por la supervivencia que por la retórica anti imperialista que lo definió hasta 2025.

En el otro extremo del espectro político, la oposición venezolana (en sentido amplio y con todas sus caracterizaciones) enfrenta un desafío de legitimidad y coherencia estratégica. Lejos de constituirse en una fuerza articulada capaz de presentar una narrativa unificada y una visión de país alternativa, el «campo opositor» sigue fragmentado entre múltiples corrientes —desde sectores de derecha hasta socialistas disidentes— sin una línea clara de acción más o menos común. Nuevamente, se asiste a una incapacidad de respuesta y de generación de propuestas efectivas que consideren las problemáticas reales y expectativas de la gran mayoría de la población.

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Aunque figuras como María Corina Machado han anunciado su regreso al país para impulsar procesos electorales y una transición democrática transparente, la oposición no ha logrado hilvanar un proyecto de acción que vaya más allá de la denuncia del régimen o de la reivindicación del retorno de ciertas instituciones formales.

Así, con escasas excepciones, nuestra oposición luce atada a un acompañamiento pasivo de los factores principales del «titerinato» que obedece la órdenes que vienen desde el Salón Oval y del despacho del Departamento de Estado, allá en el imperio.

Así, con escasas excepciones, nuestra oposición luce atada a un acompañamiento pasivo de los factores principales del «titerinato» que obedece la órdenes que vienen desde el Salón Oval y del despacho del Departamento de Estado, allá en el imperio.

Esta dispersión narrativa y estratégica se traduce en un vacío de propuestas concretas producidas desde la oposición, para la formulación de políticas públicas que atiendan las necesidades más urgentes del país: desde la crisis humanitaria y la reconstrucción económica hasta la garantía de derechos y libertades.

En ausencia de un relato que articule expectativas y ofrezca certezas, la oposición corre el riesgo de replicar los patrones de fragmentación que caracterizaron la política venezolana en décadas anteriores, lo que conduce, como ya sabemos, a la frustración, la desesperanza y la imposibilidad de reocupación de los espacios públicos ciudadanos.

La intervención estadounidense —desde su legitimación hasta sus límites legales en el derecho internacional— ha generado posiciones encontradas, lo cual es lógico. Para sectores críticos de la intervención, la acción constituye una violación manifiesta del principio de no intervención y un (otro) precedente peligroso para el orden internacional.

Para otros, incluido gran número de venezolanos encuestados recientemente dentro y fuera del país, la acción estadounidense encarna una oportunidad para eliminar dinámicas de corrupción, narcotráfico y autoritarismo que marcaron los años recientes e iniciar un creíble proceso de transición que recupere la institucionalidad, la democracia e inicie el rumbo de la reconstrucción.

A la complejidad de la intervención se suma el factor consecuente de tutelaje político, no solo desde EEUU —a través de presiones y exigencias directas sobre las autoridades venezolanas—, sino también desde actores internos que se mueven entre la resistencia radical al intervencionismo y aquellos que buscan usufructuarlo para acelerar una transición política democrática.

Este entramado de tutelajes reales y percibidos produce un caldo de cultivo discursivo donde la soberanía nacional se convierte en punto nodal de confrontación narrativa y, por tanto, de real trascendencia e impacto operativo: ¿Quién representa realmente al pueblo venezolano?, por una parte, ¿la continuidad del ineficiente y corrupto aparato estatal bajo (los) Rodríguez? o ¿la pluralidad de oposiciones en pugna por el liderazgo?, o quizás ¿La agenda geopolítica de Estados Unidos?. Pero, por sobre todo: ¿Cuál es la narrativa que puede, con un mínimo de cohesión, articular un proyecto de sociedad que supere tanto la fragmentación interna como la influencia externa?

En su análisis del espacio público como ámbito de aparición de lo político, la filósofa alemana Hannah Arendt subraya que la acción política y la comunicacional, son las fuerzas que permiten a los ciudadanos constituirse como tales y reconquistar la esfera común de la polis, del espacio público.

Aplicado al caso venezolano, este enfoque ilumina el desafío central que enfrenta la sociedad: recuperar un espacio público vibrante, plural y multilateral, donde actores diversos puedan primero aparecer y, luego, debatir, consensuar y proponer sin que la narrativa dominante esté fijada por tutelas externas o por la memoria autoritaria del pasado.

Sin ese espacio de coincidencia plural —que articule acción política y comunicacional, propuestas y estrategias claras— cualquier intento de transición corre el riesgo de quedar reducido a meras luchas por el poder o a relatos contrapuestos sin anclaje en la realidad cotidiana de millones de venezolanos que buscan seguridad, empleo, justicia y dignidad; y, quizás el retorno parcial, por parte de los más de 9 millones de paisanos regados por el mundo.

En este escenario de vacíos narrativos, tutelajes cruzados y luchas de legitimidad, de nuevo Venezuela se halla en un momento crítico que exige no solo la desaparición de viejas estructuras autoritarias, sino también la emergencia de nuevos acuerdos responsables y trascendentes que puedan fundar una narrativa colectiva de futuro, de Nación.

Alejandro Oropeza G.: Residenciado en L’Aquila, Abruzzo, Italia. Es CEO del Observatorio de la Diáspora Venezolana, doctor en Ciencia Política, analista político y escritor.

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