Julio de 2026 pasará a la historia como uno de los meses más difíciles para los empresarios colombianos en las últimas tres décadas. No exagero. Pocas veces hemos visto concentrarse en tan corto tiempo tantos cambios normativos con efectos directos sobre los costos laborales, la productividad, la organización del trabajo y la competitividad empresarial.

En menos de 15 días, las empresas colombianas tuvieron que enfrentar tres fenómenos simultáneos: la creación de un nuevo festivo nacional asociado al Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, trasladado al lunes 13 de julio conforme a la Ley Emiliani; el incremento del recargo por trabajo dominical y festivo al 90 % a partir del 1.º de julio; y la entrada en vigor de la reducción definitiva de la jornada laboral a 42 horas semanales desde el 15 de julio.

A ello se sumó la fuerte presión que enfrentaron las empresas durante junio para pagar la prima de servicios, en un contexto marcado por un aumento desmedido y populista del salario mínimo que, a juicio de muchos empresarios, respondió más a cálculos políticos irresponsables del Gobierno Petro que a criterios técnicos, y que terminó golpeando severamente al sector productivo colombiano.

Por separado, cada una de estas medidas podría ser objeto de debate. Juntas, constituyen una verdadera tormenta perfecta.

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