Imposible no advertir el nado sincronizado entre la posición del INE, así como la expresada a través de los famosos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias. Ambos con grave determinación para coartar, de forma articulada y complementaria, la libertad de expresión en sus respectivas áreas de influencia. El INE con el pretexto de regular la competencia política, mientras la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con el cometido de gobernar el flujo de la información pública a través de los concesionarios de radio y televisión, y los concesionarios de Televisión y/o audio de paga.

Esa sincronía muestra a un régimen político comprometido con proteger los intereses y la imagen del partido en el gobierno, al tiempo de intimidar, hostigar y penalizar a quienes se resistan a asumir la línea comunicacional oficial o, peor aún, que intenten atreverse a descalificar al oficialismo por su devaluación ética, prácticas de corrupción y vinculación con organizaciones delictivas.

Ahora, la imposición de una política de censura, mal disfrazada, se correlaciona con las vísperas del inicio del proceso electoral de 2027, que tendrá lugar en el ámbito federal y en procesos locales en 17 entidades de la República. Dentro de esa óptica, se reproduce la medida, antes adoptada (de cara a los comicios de 2024), para anticipar procesos de precampañas bajo un manto de simulación para evitar sanciones. Sólo........

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