Estados Unidos tiene derecho a decidir quién entra a su territorio. Lo que no debería hacer es convertir una visa en sustituto de un expediente judicial ni permitir que su cancelación funcione públicamente como una condena por insinuación. Si existen pruebas contra Andrés Manuel López Beltrán, que Washington las haga llegar por los cauces correspondientes y que México investigue. Si no existen, retirarle la visa en medio de una ofensiva que ya ha alcanzado a decenas de políticos y funcionarios mexicanos no puede convertirse por sí sola en certificado de culpabilidad. Una visa puede cancelarse; la presunción de inocencia no.

Andrés Manuel López Beltrán informó que Estados Unidos revocó su visa y atribuyó directamente la decisión al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau. Aseguró que nunca se le mostró evidencia de algún delito o conducta ilícita. Washington, como ocurre habitualmente en estos casos, no explicó públicamente las razones de la medida. Claudia Sheinbaum reaccionó señalando que, si no existe una investigación ni elementos conocidos contra López Beltrán, la decisión adquiere una evidente dimensión política y exigió pruebas si realmente existen acusaciones. (Reuters⁠)

Bien por Sheinbaum en esa exigencia. Si un gobierno extranjero adopta una medida que inevitablemente proyecta sospechas sobre un ciudadano mexicano con actividad política relevante, resulta legítimo preguntar qué la motivó. Andrés Manuel López Beltrán podrá gustar o no, podrá ser cuestionado por su trayectoria, su apellido o su participación en Morena y tendrá que responder políticamente por todo aquello que legítimamente se le señale, pero ninguna de esas circunstancias convierte una decisión consular extranjera en prueba de un delito.

Lo importante ahora es que ese principio no tenga apellido.

Si presidencia exige claridad cuando la visa cancelada pertenece al hijo de un expresidente, México debe aspirar a que la misma preocupación institucional exista cuando una decisión semejante afecta a cualquier otro ciudadano mexicano. La Cancillería no puede obligar a Estados Unidos a otorgar una visa ni desconocer que las autoridades estadounidenses gozan de amplias facultades para concederla, negarla o revocarla. Pero sí puede construir canales más eficaces para que nuestros nacionales conozcan, cuando jurídicamente sea posible, qué ocurrió, qué alternativas tienen y cómo pueden corregir información equivocada.

Porque el problema rebasa ampliamente a López Beltrán. Reuters informó desde el año pasado que la administración Trump había revocado las visas de por lo menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, pertenecientes incluso a distintas fuerzas políticas, dentro de su estrategia contra personajes a quienes Washington sospecha vinculados con narcotráfico, corrupción o facilitación de migración irregular. La confidencialidad de los expedientes migratorios estadounidenses impide conocer públicamente las razones de muchos de esos casos. (Reuters⁠)

Puede existir información legítima que Estados Unidos no esté en condiciones de divulgar públicamente. Los sistemas de inteligencia trabajan con fuentes que deben protegerse y ningún país está obligado a revelar todos sus........

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