Donald Trump puede ordenar que sus funcionarios llamen “Lake America” al lago Ontario. Puede modificar mapas federales, documentos oficiales, sistemas de información geográfica y comunicaciones de su gobierno. De hecho, eso fue exactamente lo que hizo el 27 de agosto mediante una orden ejecutiva que instruye al Departamento del Interior y al Board on Geographic Names a sustituir “Lake Ontario” por “Lake America” en el uso oficial del gobierno estadounidense. Lo que no puede hacer, aunque firme diez decretos, es obligar a Canadá ni al resto del mundo a aceptar que la historia y la geografía cambien porque él decidió rebautizarlas. El problema no es solamente la bufonada. Es la concepción del poder que existe detrás de ella: confundir la presidencia de Estados Unidos con autoridad sobre todo aquello que alcanza a nombrar.

Hay algo casi infantil en la ocurrencia: si no me gusta el nombre, lo cambio; si soy presidente, los demás tendrán que utilizarlo. Pero lo preocupante aparece precisamente cuando esa lógica infantil se convierte en política de Estado. El lago Ontario no es un estanque ubicado dentro de los jardines de la Casa Blanca. Es uno de los Grandes Lagos, compartido por Estados Unidos y Canadá, con costas estadounidenses en Nueva York y canadienses en Ontario, y con una historia que precede ampliamente a los dos Estados modernos. La propia orden de Trump reconoce expresamente que el lago está delimitado por territorio estadounidense y por la provincia canadiense de Ontario, aunque inmediatamente después pretenda otorgarle unilateralmente un nuevo nombre.

El primer ministro canadiense Mark Carney respondió con la seriedad que merecía el asunto: el lago Ontario seguirá llamándose lago Ontario. Recordó, además, que el nombre tiene más de cuatro siglos y antecede tanto a la Confederación canadiense como a la Declaración de Independencia de Estados Unidos. No necesitó gritar, amenazar ni responder con otro decreto extravagante. Bastó señalar lo evidente: un presidente estadounidense puede decidir cómo denominar un accidente geográfico dentro de sus propios registros gubernamentales; no puede disponer cómo deberá llamarlo otro país.

Eso es precisamente soberanía. No consiste en competir para ver quién pronuncia el discurso más estridente, sino en establecer con claridad dónde termina la jurisdicción del vecino y dónde comienza la propia. Canadá no necesita pedir permiso a Washington para seguir llamando Ontario al lago Ontario, del mismo modo que México jamás necesitó permiso estadounidense para continuar llamando Golfo de México al Golfo de México después de que Trump decretara para el uso federal de su país la denominación “Gulf of America”. Aquella decisión de enero de 2025 ya había mostrado esta fascinación presidencial por apropiarse simbólicamente de la geografía; el lago Ontario demuestra que no fue una ocurrencia aislada, sino una costumbre.

Trump parece disfrutar no solamente ejerciendo poder, sino representándolo. El mapa, el nombre, el decreto, la fotografía en el Despacho Oval: todo forma parte del espectáculo. Incluso apareció sentado junto a un mapa donde podía leerse “Lake America”. La imagen resume perfectamente la política: si el mapa colocado junto al presidente dice algo distinto, parecería que la realidad debe acomodarse al mapa y no al revés.

Sólo que la geografía tiene una característica incómoda para los gobernantes personalistas: no reconoce órdenes ejecutivas. Un decreto puede modificar una base de datos federal, pero no mueve una frontera. Puede ordenar a una agencia que utilice determinada nomenclatura, pero no obliga a otro Estado soberano a adoptarla. Puede imprimir miles de mapas........

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