Un gobierno no pierde autoridad cuando reconoce que una decisión debe corregirse. La pierde cuando, aun frente a argumentos sólidos, insiste solamente para no admitir que pudo equivocarse. Gobernar no consiste en acertar siempre; consiste también en escuchar, revisar, ajustar y, cuando sea necesario, rectificar. Eso es justamente lo que deja como enseñanza la modificación de los lineamientos sobre derechos de las audiencias: después de semanas de polémica, miles de observaciones y advertencias sobre posibles riesgos para la libertad de expresión, la autoridad redujo el alcance de su intervención, acotó las sanciones y eliminó disposiciones particularmente controvertidas. La discusión no era menor, porque desde el inicio existía una preocupación legítima: que bajo una intención formalmente correcta —proteger los derechos de quienes reciben contenidos de radio y televisión— pudiera abrirse la puerta a mecanismos de vigilancia, presión o autocensura sobre periodistas y medios.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo desde principios de agosto que no existía intención de censurar y que los lineamientos no facultaban al Estado para determinar qué era verdad o mentira, aunque también reconoció que podían adecuarse para hacerlos más claros. Eso último terminó siendo lo importante, porque más allá de la intención declarada, en democracia importa también cómo puede operar una norma, qué margen deja a la autoridad que deberá aplicarla y qué efectos puede generar sobre quienes están sujetos a ella. Una regla puede haber sido concebida sin propósito censor y, sin embargo, producir autocensura si su redacción es ambigua, si las facultades administrativas son demasiado amplias o si quienes deben cumplirla sienten que una opinión incómoda podría terminar sometida al juicio de un funcionario.

Por eso resultó relevante que hubiera consulta y que la autoridad no tratara las críticas simplemente como resistencia política. Hubo miles de observaciones y una parte importante expresó preocupación por posibles afectaciones a la libertad de expresión. La versión final redujo la intervención del organismo regulador a supuestos más específicos y dejó claro que no corresponde a la autoridad revisar contenidos, decidir líneas editoriales o determinar la veracidad de las noticias. Eso es positivo y hay que decirlo. Así como se critica cuando una autoridad se excede, también corresponde reconocer cuando escucha y corrige.

En México existe una mala costumbre política: considerar que rectificar equivale a admitir debilidad. Muchos gobiernos prefieren defender durante meses una mala decisión antes que aceptar públicamente que debe modificarse. Se confunde firmeza con obstinación y autoridad con infalibilidad. Pero ningún gobierno serio puede conducirse bajo la idea de que todas sus decisiones son necesariamente correctas simplemente porque provienen del poder.

La realidad siempre es más compleja que cualquier oficina. Una política pública puede haber sido diseñada con buena intención y producir efectos inesperados; una ley puede tener vacíos; un reglamento puede generar incentivos equivocados; una institución puede interpretar de manera excesiva una facultad y un servidor público puede aplicar una disposición de forma mucho más dura de lo que imaginaron quienes la redactaron. Ahí aparece una obligación democrática elemental: revisar.

Hace unas semanas señalábamos precisamente un riesgo adicional: muchas veces los excesos no necesariamente nacen de una orden directa de la cabeza del gobierno. En la administración pública ocurre con frecuencia que funcionarios de segundo, tercero o cuarto nivel interpretan que defender al régimen significa ser más duros que el propio régimen. Es aquello que en México suele resumirse con una expresión popular: a veces son más bravos los tenejales que la cal. Un funcionario quiere demostrar eficacia y se excede; otro pretende quedar bien con su superior y aplica una disposición con........

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