México y Perú volvieron finalmente a hablarse como dos naciones que nunca debieron dejar de hacerlo. El restablecimiento de relaciones diplomáticas debe celebrarse porque corrige una anomalía que perjudicó a ambos países y debilitó innecesariamente a América Latina. Pero también obliga a formular una pregunta incómoda: ¿por qué hicieron falta años de agravios, embajadores retirados, acusaciones de injerencia, asilos políticos y una ruptura formal para terminar regresando al único camino que siempre tuvo sentido, el diálogo?

La nueva presidenta peruana, Keiko Fujimori, había anunciado antes de asumir el poder su intención de recomponer la relación con México y cumplió rápidamente esa promesa. Perú otorgó el salvoconducto para que Betssy Chávez, ex primera ministra y asilada en la embajada mexicana en Lima, pudiera viajar a México, aunque reservó su derecho a solicitar posteriormente la extradición. Con ese gesto se destrabó uno de los principales obstáculos y ambos gobiernos anunciaron la reanudación de relaciones diplomáticas.

Hay que reconocerlo sin mezquindad. Cuando dos gobiernos corrigen una confrontación absurda, la reacción responsable no consiste en recordar únicamente los errores, sino también en valorar la capacidad de rectificar. La diplomacia sirve precisamente para eso: encontrar salidas cuando la política interna, las diferencias ideológicas o el temperamento de los gobernantes llevan las relaciones a un punto innecesariamente peligroso.

Pero reconocer el acuerdo no significa olvidar cuánto tardó en llegar.

México y Perú no dejaron de tener embajadores ayer. La relación comenzó a deteriorarse desde 2022, después de la caída de Pedro Castillo y del respaldo político que el entonces gobierno mexicano brindó al mandatario peruano. México concedió asilo a su familia y cuestionó reiteradamente la legitimidad de las autoridades que lo sucedieron. Lima respondió acusando a México de intervenir en sus asuntos internos y redujo progresivamente los vínculos diplomáticos. Desde principios de 2023 ambos países ya carecían de embajadores, y la crisis culminó a finales de 2025 cuando Perú rompió formalmente relaciones después de que México concediera asilo a Betssy Chávez.

Fueron casi cuatro años de deterioro para terminar descubriendo que ninguno de los dos países podía cambiar la realidad política del otro.

México no consiguió reinstalar a Castillo ni modificar el curso de la política peruana. Perú tampoco logró que México renunciara a sus criterios sobre el asilo o dejara de expresar sus posiciones. Lo único que consiguieron ambos fue deteriorar una relación histórica y hacer más difícil la cooperación entre dos naciones que tienen mucho más que compartir que razones para enfrentarse.

La discusión sobre Pedro Castillo puede continuar durante años. Algunos consideran que fue víctima de una ruptura institucional; otros recuerdan que intentó disolver el Congreso y gobernar mediante un régimen de excepción. Los procesos judiciales peruanos siguieron su curso y Castillo cumple actualmente una condena de prisión. México puede sostener una interpretación política distinta y Perú defender que se trata de un asunto de su soberanía y de sus tribunales. Ninguna de esas diferencias obliga a romper relaciones diplomáticas.

Ahí estuvo el error principal.

Los gobiernos confundieron discrepancia con ruptura.

La política exterior no consiste en relacionarse únicamente con gobiernos ideológicamente afines. Si así........

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