Ha pasado un año desde que México estrenó una Suprema Corte surgida de la reforma judicial y de una inédita elección popular. El periodo de instalación terminó y también debería terminar el argumento de que toda deficiencia puede explicarse por la transición, por la novedad del modelo o por las dificultades naturales de una integración distinta. La Corte ya tuvo tiempo para acomodarse, definir procedimientos, conocerse internamente y empezar a mostrar de qué está hecha. Ahora tiene una obligación mucho más difícil que haber ganado votos: demostrar que puede impartir justicia con independencia, calidad técnica, oportunidad y autoridad constitucional.

Ese es el verdadero examen. Una Corte no se legitima solamente porque sus integrantes hayan obtenido respaldo electoral. Se legitima cada vez que una sentencia convence de que la Constitución pesó más que la política, que los derechos importaron más que las conveniencias y que los argumentos jurídicos fueron más importantes que las lealtades personales o partidistas. Haber pasado por las urnas puede otorgar un origen democrático distinto, pero no sustituye la exigencia de rigor técnico. El voto puede llevar a alguien al cargo; no puede escribir por él una buena sentencia.

A un año de distancia, la Suprema Corte llega a su aniversario en medio de una disputa interna por la presidencia que amenaza con ocupar más espacio que los asuntos verdaderamente trascendentes. Hay tensiones sobre la sucesión, diferencias acerca del mecanismo que debe aplicarse y confrontaciones que han deteriorado la imagen de colegialidad que debería proyectar el máximo tribunal.

Mientras los ministros discuten quién encabezará la institución, afuera siguen esperando personas, empresas, autoridades y organizaciones cuyos casos dependen de decisiones que pueden modificar derechos, libertades, patrimonio y reglas fundamentales de convivencia. La pugna interna puede ser importante para ellos; para el país, lo verdaderamente importante es otra cosa: qué resuelve la Corte y cómo lo resuelve.

La nueva integración ha resuelto miles de asuntos y sería injusto afirmar que no trabaja. La propia actividad del pleno muestra sesiones constantes, turnos de expedientes y resoluciones en materias constitucionales, fiscales y penales. El problema no es sostener que nada se ha hecho, sino preguntarse si, después de un año, la institución está resolviendo con la profundidad, velocidad y consistencia que México necesita.

Ahí aparecen los pendientes que ya no pueden seguir postergándose. Entre ellos se encuentran discusiones de enorme relevancia sobre prisión preventiva oficiosa, doble tributación, muerte digna y otros temas donde están en juego derechos fundamentales, seguridad jurídica y confianza en las instituciones. Son asuntos complejos, desde luego. Nadie debería pedir a la Corte sentencias improvisadas simplemente para cumplir una cuota de productividad. Pero tampoco puede convertirse la complejidad en excusa permanente para aplazar decisiones que llevan demasiado tiempo esperando. Una justicia tardía, incluso cuando finalmente llega bien argumentada, puede terminar siendo una justicia incompleta.

La eliminación de las salas especializadas y la concentración de prácticamente todos los asuntos en el pleno plantearon además un desafío operativo evidente. La nueva Corte debía demostrar que podía funcionar con un diseño diferente sin perder calidad ni capacidad de respuesta. Ese reto no es menor. La integración anterior distribuía trabajo entre salas con especialización temática; ahora el esquema obliga al pleno a absorber una carga distinta. Pero precisamente porque ése fue el modelo elegido, corresponde ahora demostrar que funciona. Una reforma institucional no puede evaluarse únicamente por las intenciones que la justificaron, sino por los resultados que produce. La Corte no fue elegida para administrar indefinidamente su propia transición. Fue elegida para impartir justicia.

México necesita una Suprema Corte que entienda algo básico: su principal capital no es el poder que posee, sino la confianza que consigue generar. El máximo tribunal puede invalidar leyes, resolver controversias entre poderes, establecer criterios obligatorios y definir el alcance de derechos constitucionales. Son facultades enormes. Pero ninguna institución conserva autoridad solamente porque la Constitución se la otorgue. La autoridad también se construye cuando quienes pierden un asunto reconocen que fueron escuchados, que los argumentos fueron tomados en serio y que la decisión final tiene una lógica jurídica comprensible.

Eso exige sentencias claras, coherencia, transparencia y explicación suficiente. El ciudadano no tiene por qué ser........

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