La democracia ya no suele morir cuando los militares sacan los tanques a la calle, cierran el Congreso y suspenden las elecciones. Ahora puede desaparecer sin que se interrumpa una sola jornada electoral. Las urnas permanecen, los legisladores continúan reuniéndose, los tribunales conservan sus edificios y las constituciones siguen formalmente vigentes. Lo que se extingue poco a poco son los contrapesos, la independencia judicial, la libertad de expresión, la competencia política real y los límites al poder.

El nuevo autoritarismo aprendió a vestirse de democracia.

No necesita cancelar elecciones si puede convertirlas en trámite. No requiere clausurar el Congreso si controla a la mayoría. Tampoco debe desaparecer a los jueces cuando puede nombrarlos, intimidarlos, desacreditarlos o someterlos. Le basta con conservar la fachada institucional mientras vacía desde dentro aquello que daba sentido al sistema.

Ésa es la verdadera amenaza de nuestra época.

Los antiguos dictadores llegaban mediante golpes y gobernaban abiertamente por la fuerza. Los nuevos autócratas suelen alcanzar el poder a través del voto, invocan permanentemente la voluntad popular y utilizan su legitimidad electoral para desmontar las instituciones que podrían detenerlos. No dicen que buscan destruir la democracia; afirman que pretenden limpiarla, devolverla al pueblo, combatir privilegios o acabar con las élites.

El lenguaje cambia, pero el resultado suele ser el mismo: todo poder termina concentrado en una sola persona, un partido o un círculo reducido.

El Informe sobre la Democracia 2026 del Instituto V-Dem advierte que casi una cuarta parte de los países atraviesa procesos de autocratización y que la regresión ya no está limitada a dictaduras tradicionales ni a naciones institucionalmente débiles. También alcanza democracias consideradas estables en Europa y Norteamérica. Freedom House, por su parte, registra dos décadas consecutivas de deterioro global de las libertades.

Esto significa que el problema dejó de ser periférico. La democracia retrocede también en países que durante años se presentaron como sus principales defensores.

Estados Unidos constituye el ejemplo más inquietante. Donald Trump regresó al poder no para administrar con normalidad un sistema democrático, sino para llevar al límite las facultades presidenciales, confrontar jueces, presionar a medios, universidades, despachos jurídicos y organizaciones civiles, desacreditar elecciones y dividir a la sociedad entre seguidores legítimos y enemigos internos. Human Rights Watch ha señalado que su gobierno atacó pilares fundamentales de la democracia, mientras V-Dem situó al país en uno de sus retrocesos institucionales más acelerados en décadas.

Trump no necesita abolir su Constitución. Le basta con convencer a millones de personas de que cualquier institución que lo contradiga forma parte de una conspiración.

Si un juez falla en su contra, el juez es corrupto. Si un medio lo investiga, el medio es enemigo. Si una universidad protesta, la universidad adoctrina. Si un funcionario se niega a ejecutar una orden, pertenece al llamado Estado profundo. Si pierde una elección, hubo fraude. Si gana, el sistema funcionó.

La democracia se vuelve así válida únicamente cuando produce el resultado deseado por el líder.

Ésa es una de las señales más claras del autoritarismo contemporáneo: las instituciones no son juzgadas por su independencia, sino por su obediencia.

Nayib Bukele ofrece otra versión del mismo fenómeno. Transformó El Salvador, redujo de manera notable la violencia atribuida a las pandillas y conquistó una popularidad extraordinaria. Para millones de salvadoreños, el cambio fue tangible: pudieron volver a las calles, abrir negocios y vivir sin pagar extorsiones.

Negar esos resultados sería un error.

Pero también lo sería suponer que la eficacia elimina la necesidad de controles. Bajo el argumento de combatir una emergencia, Bukele concentró poder, debilitó contrapesos, extendió un régimen de excepción y normalizó detenciones masivas. La seguridad puede explicar su respaldo, pero no debe utilizarse para afirmar que un gobernante popular queda exento de límites.

La democracia no consiste sólo en producir resultados. También importa cómo se obtienen, quién vigila al poder y qué ocurre con quienes son acusados injustamente.

El gran peligro aparece cuando la ciudadanía acepta intercambiar derechos por eficacia sin........

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