Los gobiernos civiles de América Latina recurren cada vez con mayor frecuencia a las fuerzas armadas para resolver aquello que ellos mismos fueron incapaces de atender: inseguridad, cárceles fuera de control, fronteras vulnerables, policías corrompidas, aduanas ineficientes, obras retrasadas y administraciones públicas sin capacidad operativa. Lo presentan como una respuesta excepcional frente a una emergencia, pero la excepción se prolonga, se normaliza y termina convertida en sistema.

El problema no comienza cuando los militares apoyan al Estado en una crisis. Hay momentos en los que su capacidad logística, disciplina, organización y despliegue territorial resultan indispensables. El problema aparece cuando el auxilio deja de ser temporal, los civiles renuncian a reconstruir sus propias instituciones y las fuerzas armadas pasan de colaborar con el gobierno a convertirse en el instrumento sin el cual el gobierno ya no puede funcionar.

Perú es uno de los casos más recientes. La nueva administración decidió ampliar el despliegue de las Fuerzas Armadas para asumir tareas de control interno en zonas declaradas en emergencia, bajo el argumento de enfrentar la extorsión, el sicariato y otras expresiones del crimen organizado. No es una decisión aislada: en distintos momentos, Ecuador, México y El Salvador han entregado a los militares funciones policiales, penitenciarias o administrativas. La militarización de la seguridad pública dejó de ser una medida extraordinaria y se convirtió en una tendencia regional.

La explicación inmediata parece razonable. Cuando las policías son débiles, corruptas o superadas; cuando las fiscalías no investigan; cuando los jueces liberan delincuentes por expedientes mal integrados y cuando las prisiones son administradas por las propias organizaciones criminales, el Ejército aparece como la única institución con estructura, armamento, presencia territorial y capacidad de reacción.

La población, cansada de vivir bajo amenaza, suele recibir con alivio a los soldados. Los uniformes producen una sensación inmediata de autoridad. Los retenes, patrullajes y operativos generan la impresión de que el Estado finalmente recuperó las calles. El gobernante obtiene imágenes de fuerza, mensajes contundentes y una respuesta políticamente rentable frente a una sociedad desesperada.

Pero percepción de seguridad no significa seguridad sostenible.

Las fuerzas armadas fueron creadas y entrenadas para defender la soberanía, enfrentar amenazas externas y combatir a un enemigo. La policía, en cambio, debe prevenir delitos, detener personas, preservar pruebas, proteger derechos, investigar dentro de límites legales y relacionarse cotidianamente con la población. Son misiones, doctrinas y capacidades distintas.

Un soldado puede ocupar una calle, desarmar una organización o recuperar temporalmente una prisión. Eso no significa que pueda sustituir durante años a policías profesionales, ministerios públicos, investigadores financieros, jueces, sistemas penitenciarios y programas de prevención social.

La extorsión no se derrota únicamente con patrullas. Requiere inteligencia, seguimiento de flujos financieros, intervención de comunicaciones bajo control judicial, protección de denunciantes, investigación patrimonial y fiscalías especializadas. El sicariato no desaparece porque haya soldados en las avenidas. Las estructuras criminales se desplazan, se adaptan, corrompen autoridades y esperan a que termine el operativo.

La militarización puede producir resultados inmediatos y visibles, pero no necesariamente construye instituciones capaces de sostenerlos.

El riesgo mayor consiste en que cada despliegue militar quite presión a los gobiernos para hacer aquello que verdaderamente les corresponde. Si el Ejército patrulla, ¿para qué invertir seriamente en policías estatales y municipales? Si administra las cárceles, ¿para qué profesionalizar custodios y sistemas penitenciarios? Si controla fronteras y aduanas, ¿para qué construir servicios civiles eficaces y sometidos a vigilancia pública?

Así nace la dependencia.

Los civiles entregan una función porque sus instituciones fracasaron. Después entregan otra porque la primera pareció........

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