Doce años después, México sigue sin conocer toda la verdad sobre Ayotzinapa. Hubo una “verdad histórica”, después una promesa de derribarla, nuevas investigaciones, detenciones, liberaciones, archivos abiertos a medias, militares procesados, funcionarios señalados y familias que siguen preguntando lo mismo desde 2014: qué ocurrió con los 43 normalistas y quiénes participaron realmente en su desaparición. La reciente detención del exgobernador Ángel Aguirre vuelve a colocar el caso frente a una oportunidad que ya no admite otra simulación. Claudia Sheinbaum puede hacer aquello que sus antecesores no consiguieron: dejar que la investigación llegue hasta donde conduzcan las pruebas, sin intocables, sin culpables predeterminados y sin proteger instituciones, partidos o personajes.

No hace falta construir una conspiración que necesariamente llegue hasta Los Pinos para aceptar que hubo participación, omisiones y posibles encubrimientos de agentes del Estado. Durante demasiado tiempo la discusión quedó atrapada entre dos extremos: quienes pretendieron reducir todo a policías municipales coludidos con delincuentes y quienes dieron por hecho que la desaparición fue ordenada desde la cúspide del gobierno federal. Ninguna investigación seria debe partir de una conclusión previamente escrita. La obligación consiste precisamente en establecer quién hizo qué, quién sabía qué estaba ocurriendo, quién pudo impedirlo, quién dejó pasar los hechos y quién posteriormente contribuyó a esconder evidencias o construir explicaciones falsas.

El Ejército no puede quedar fuera de esa investigación, pero tampoco debe condenarse al Ejército como institución sin individualizar responsabilidades. La diferencia es fundamental. Existen suficientes elementos conocidos durante estos años para sostener que integrantes y mandos del 27 Batallón de Infantería en Iguala tuvieron información sobre los movimientos de los estudiantes aquella noche y que la vertiente militar nunca terminó de esclarecerse satisfactoriamente. Hubo investigaciones, órdenes de aprehensión y militares procesados, pero también resistencia institucional, documentos reclamados durante años y una disputa permanente sobre información que nunca llegó completa a manos de quienes investigaban. Si elementos del batallón de Iguala conocieron lo que estaba sucediendo y deliberadamente no actuaron, debe establecerse; si algunos participaron directamente o mantuvieron contubernio con policías, autoridades locales o grupos criminales, deben responder; si determinados mandos ocultaron información posteriormente, también. Y si la investigación demuestra que la responsabilidad militar terminó en determinados oficiales y nunca ascendió hacia la cúpula del Ejército o hacia la Presidencia de la República, hay que decirlo igualmente.

Investigar no significa fabricar culpables. Durante años se instaló la idea de que reconocer participación militar obligaba a demostrar que Enrique Peña Nieto o el alto mando castrense habían ordenado la desaparición. No necesariamente. El Estado es mucho más que el presidente. También son Estado el comandante que recibe información y decide no intervenir, el soldado que conoce un delito y guarda silencio, el agente de inteligencia que observa y no reporta, el policía que entrega detenidos ilegalmente, el funcionario que destruye una grabación y el superior que posteriormente ayuda a ocultarlo. La responsabilidad puede estar en........

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