América Latina no se volvió de derecha de la noche a la mañana: se cansó. Se cansó del crimen que ocupa territorios, de economías que no terminan de despegar, de gobiernos que prometieron transformaciones y administraron frustraciones, y de dirigentes que explican sus fracasos culpando siempre al pasado. Colombia acaba de confirmar ese desplazamiento con la llegada de Abelardo De La Espriella a la presidencia, en una secuencia que ya comprende cambios importantes en Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú y Panamá. Pero sería un grave error interpretar ese viraje como un cheque en blanco para la derecha o, peor aún, como una invitación para que Donald Trump reconstruya en la región una nueva zona de obediencia política.

De La Espriella asumió prometiendo mano dura contra el crimen, una reducción drástica del aparato estatal, reactivación petrolera y gasera, austeridad fiscal y abandono de las negociaciones con grupos armados que caracterizaron la política de “paz total” de Gustavo Petro. Su llegada representa una ruptura evidente con el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia y expresa un fenómeno que se repite en buena parte del continente: ciudadanos cansados de inseguridad, bajo crecimiento, corrupción e ineficacia están buscando respuestas diferentes.

No significa necesariamente que se hayan enamorado de la derecha. Significa que castigaron a quienes gobernaban. América Latina ha vivido suficientes ciclos políticos como para creer que una elección representa una conversión ideológica permanente. Hace pocos años se habló de una nueva “marea rosa” porque gobiernos progresistas coincidieron en México, Colombia, Chile, Brasil y otras naciones. Hoy se anuncia una ola conservadora. Ambas simplificaciones olvidan al personaje verdaderamente decisivo: un elector latinoamericano cada vez más pragmático e impaciente, que quiere seguridad, empleo, crecimiento y servicios públicos que funcionen.

El péndulo regional no se mueve solamente por doctrina, sino por frustración. Cuando una izquierda promete justicia social y no consigue controlar la violencia, generar suficiente prosperidad o combatir eficazmente la corrupción, pierde votos. Cuando una derecha promete orden, crecimiento y eficiencia y tampoco cumple, los perderá igualmente. Los ciudadanos prestan el poder; no lo regalan.

Colombia constituye un ejemplo particularmente claro. Gustavo Petro llegó representando una ruptura histórica y ofreciendo reformas estructurales, transformación económica y una ambiciosa política de negociación con grupos armados. Cuatro años después, el deterioro de la seguridad, las dificultades fiscales, las disputas institucionales y el desencanto de amplios sectores contribuyeron a que muchos colombianos buscaran exactamente lo contrario: autoridad, reducción del Estado y confrontación más severa con las organizaciones criminales.

Sería irresponsable negar esa demanda. Los ciudadanos tienen derecho a exigir que el Estado controle su territorio y que puedan trabajar, viajar, producir o abrir un negocio sin quedar sometidos a extorsionadores, secuestradores, guerrillas o estructuras criminales. La seguridad no es una obsesión autoritaria, sino una obligación básica de cualquier gobierno. Pero sería igualmente........

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