Hay funcionarios que resuelven problemas.

Y hay funcionarios que, aun cuando creen resolverlos, terminan fabricando incendios donde el gobierno necesitaba estabilidad.

Raquel Buenrostro pertenece, cada vez más, a esa segunda categoría.

No porque combatir privilegios esté mal. Al contrario. Nadie que defienda mínimamente el sentido histórico de la Cuarta Transformación puede escandalizarse porque se revise el régimen de pensiones millonarias heredado por altos mandos, exfuncionarios y cuadros de confianza de empresas públicas. El abuso existía. Las cifras eran ofensivas. La propia Secretaría Anticorrupción documentó casos de pensiones superiores al ingreso de la presidenta, particularmente en Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro.

El problema no fue el objetivo, fue el diseño.

La reforma contra las llamadas “pensiones doradas” nació con una causa justa, pero con una arquitectura políticamente torpe: un tope arbitrario, una retroactividad mal disimulada y una deficiente medición del impacto social entre trabajadores del Estado que no necesariamente encajan en la caricatura del privilegiado dorado. La iniciativa planteó limitar esas pensiones al 50% del salario presidencial y afectar incluso pensiones ya concedidas, aunque oficialmente se insistiera en que no era retroactiva.

Ahí empezó el problema.

Porque una cosa es desmontar privilegios obscenos y otra muy distinta es abrir un frente de irritación con sectores completos de trabajadores, jubilados y pensionados, sin suficiente cirugía jurídica, política y comunicacional.

El resultado fue previsible: protestas, señalamientos de retroactividad y una narrativa opositora servida en charola de plata para acusar al gobierno de vulnerar derechos adquiridos. Incluso medios consignaron que la reforma fue aprobada........

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