Hoy la comentocracia ejecuta dos rutinas de nado sincronizado. Una, acompañada por el coro de la ópera De las ruindades mediáticas, que no hace sino repetir: “¡Ruffo preso político, Ruffo preso político, Ruffo preso político!”. La otra, al compás de una sinfonía perversa, cantabile, interpretada por múltiples voces, bien maiceadas, que infatigables entonan: “¡Censura, censura, censura!”.

Al coro del preso político se ha sumado un columnista de Excélsior, Jorge Fernández Menéndez, quien durante años cuestionó al exgobernador Ernesto Ruffo Appel por haber entregado Baja California al cártel de los Arellano Félix.

Los viejos argumentos de Fernández Menéndez resultaron creíbles cuando los avaló Felipe Calderón, que necesariamente debía estar bien informado, pues tenía a un capo del narco en su gobierno: Genaro García Luna.

Fernández Menéndez hoy reitera que Ruffo sí es un delincuente mayor, pero que el gobierno de la 4T ha actuado arbitrariamente al acusarlo de huachicolero porque no se han hecho públicas las pruebas en contra del imputado.

No entiende el columnista de Excélsior que sus señalamientos de que Ruffo Appel trabajaba para el narcotráfico vuelven mucho más creíbles las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Se acusa de huachicolero al político bajacaliforniano —panista toda su vida y hoy integrante del nuevo partido conservador Somos México—, y el huachicol no es sino una diversificación, llamémosla empresarial, del narcotráfico: ambos son delitos estrechamente ligados y, con frecuencia, cometidos por los mismos cárteles.

Las pruebas contra Ruffo las tiene la FGR y su titular, Ernestina Godoy, las ha estudiado a fondo. Ella decidirá qué puede hacerse público y qué debe mantenerse bajo reserva.

No viene al caso comparar el asunto de Ruffo con la falta de pruebas —reclamada por el gobierno mexicano— sobre la presunta........

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