No es frecuente que desde estas páginas reconozca una decisión gubernamental después de haberla criticado. Precisamente por eso conviene hacerlo cuando hay razones. Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, aprobados por el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones el 26 de agosto, son, en las circunstancias políticas y mediáticas actuales, la mejor pieza normativa de lo posible. Y hay algo más importante: en lo esencial, siguen el camino que recorrieron antes las democracias de larga data.

Primero. El anteproyecto sometido a consulta tenía problemas serios. Su artículo 12 imponía a los concesionarios la obligación de no difundir información “falsa o descontextualizada”. Esa fórmula colocaba a la autoridad a un paso de calificar contenidos periodísticos. La revisión de cómo cada medio distinguía información de opinión abría una puerta similar. Y el régimen sancionatorio invocaba supuestos que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión no contempla. Lo señalé públicamente. Defender los derechos de las audiencias no obliga a aceptar cualquier instrumento diseñado para tutelarlos.

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo entonces algo que debe registrarse: escuchó. El 10 de agosto admitió que los lineamientos podían ajustarse a partir de los comentarios recibidos en la consulta pública. Fijó un límite correcto: el código de ética y la defensoría no estaban en discusión porque están en la ley. La consulta transcurrió del 27 de julio al 21 de agosto y recibió 8 mil 89 participaciones de especialistas, organizaciones, concesionarios y ciudadanos. No hubo ahí una negociación entre poder y medios. Hubo un procedimiento administrativo que recibió objeciones fundadas y........

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