Hay documentos que parecen simples hojas de papel hasta que se entiende todo lo que representan. Una orden de captura es uno de ellos. Detrás de esas palabras hay un juez, una investigación y algo todavía más importante: la decisión de que el Estado no está dispuesto a dejar caminando libre a quien está señalado de un delito. Por eso, cuando la Fiscalía General de la Nación reactiva 46 órdenes de captura contra jefes de estructuras armadas que habían quedado protegidos por una mesa de diálogo, no estamos ante un trámite. Estamos viendo regresar, tarde, algo que nunca debió irse: la autoridad del Estado. Y ya era hora de actuar con mayor contundencia para poder acabar con estos grupos criminales. Una cosa es abrir espacios de diálogo en búsqueda de la paz y otra muy distinta es permitir que los delincuentes utilicen esas mesas como escudo para evadir la justicia, fortalecer sus estructuras y seguir sometiendo a las comunidades. En Colombia debe quedar claro que el diálogo no puede convertirse en sinónimo de impunidad y que quienes tengan cuentas pendientes con la justicia tendrán que responder ante ella. La seguridad no se negocia y la autoridad del Estado tampoco: quien delinque debe saber que tarde o temprano la justicia lo alcanza.

La historia es sencilla de contar. Esos 46 hombres y mujeres, entre ellos Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, y los mandos de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, tenían sus órdenes de captura congeladas porque el gobierno de Gustavo Petro los había sentado a negociar y los había nombrado gestores de paz. Cuando esas mesas se cerraron, el 28 de agosto de 2026, por decisión del actual presidente Abelardo De La Espriella, cayó también el escudo que los protegía. Y aquí está la pregunta que de verdad importa, no cuántas capturas se reactivaron, sino por qué tuvimos que llegar hasta aquí para entender lo obvio, que un criminal armado no deja de serlo por sentarse en una mesa.

Porque mientras esa protección estuvo vigente, durante el gobierno de Petro, el país no vivió una tregua. En 2025 vivió 78 masacres y más de 250 muertos en ellas. Vivió el asesinato de 187 líderes sociales, más que el año anterior. Vivió el asesinato de 39........

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