El nombramiento del nuevo ministro de Defensa es un paso positivo en un contexto de crisis. El reto es enorme y complejo debido al poco tiempo restante de gobierno y la falta de voluntad política.

El país atraviesa una crisis de orden público sin precedentes, consecuencia de políticas de seguridad erráticas y la falta de una estrategia efectiva para contener la violencia. Como se advirtió en varias columnas, era previsible este escenario cuando la seguridad nacional no es una prioridad. La gestión del ministro saliente, Velásquez, fue deficiente al asumir que la afinidad ideológica del “gobierno del cambio” bastaría para lograr una paz exprés, promoviendo nueve mesas de diálogo con actores de intereses opuestos y sin incluir a todos. Los ceses al fuego, sin verificación, terminaron debilitando la iniciativa operativa de las fuerzas militares, al tiempo que se descuidaba la logística para la guerra.

Los grupos armados organizados mantienen fuerte presencia en enclaves estratégicos para los cultivos ilícitos, la minería criminal, la extorsión y la trata de personas. Según la Defensoría del Pueblo, actualmente existen 11 focos de emergencia humanitaria en diferentes regiones del país, incluyendo Nariño, Chocó, Cauca, el nordeste antioqueño, Tolima, el sur de Córdoba, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, el Magdalena Medio, el Catatumbo, Meta, Arauca y Guaviare. Estas crisis se han traducido en desplazamientos y confinamientos masivos, afectando principalmente a comunidades indígenas y afrodescendientes, entre otras poblaciones vulnerables. Todo ello es consecuencia de las disputas territoriales entre el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

La designación del general Pedro Sánchez despierta........

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