El próximo gobierno colombiano deberá asumir, desde el primer día, que enfrenta un alto riesgo de desestabilización política y terrorista promovida por sectores radicalizados y estructuras criminales fortalecidas bajo la política de paz total, razón por la cual resulta indispensable ejecutar un plan de choque integral que restablezca la capacidad disuasiva del Estado, garantice el control territorial y evite que el caos, los bloqueos y la violencia vuelvan a imponerse como instrumentos de presión política contra la democracia y las instituciones.

Hoy más que nunca cobran vigencia las advertencias formuladas en su momento por el doctor Germán Vargas Lleras (Q. E. P. D.), quien, de manera premonitoria, señaló: “Si logramos sacar a Petro del Gobierno el 8 de agosto de 2026, por las vías democráticas, él y sus fuerzas aliadas van a iniciar el proceso para regresar al poder, y el próximo presidente se va a tener que enfrentar a una situación muy adversa, porque van a parar al país. Por eso no puede ser cualquier persona, y habrá que notificarle al presidente Petro que, si se inicia una guerra civil, él será el único responsable”.

Una advertencia que, vista en el contexto actual de polarización, tensión institucional y creciente confrontación política, adquiere una dimensión particularmente inquietante para el futuro de Colombia, más aún cuando a diario surgen toda clase de conjeturas, especulaciones, amenazas, atentados y acusaciones anticipadas de fraude, promovidas incluso desde sectores cercanos al propio presidente Petro y a la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. En ese escenario, genera especial preocupación la hoy fortalecida capacidad de convocatoria de las mingas indígenas a nivel nacional bajo el liderazgo de Aida Quilcué, quien, para muchos, representa el sector más radical y confrontacional de ese movimiento político y........

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