Han pasado casi 41 años desde el asalto al Palacio de Justicia, un episodio que ha perseguido al coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega durante buena parte de su vida. Hoy, a sus 82 años, vuelve a estar sentado ante un tribunal. Esta vez no en Colombia sino en Estados Unidos, donde las hijas del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán buscan responsabilizarlo civilmente por la presunta tortura y ejecución extrajudicial de su padre.

El juicio comenzó esta semana en Miami bajo la Torture Victim Protection Act, TVPA. No es un proceso penal sino una demanda civil presentada en febrero de 2022 ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida. Plazas llega a este nuevo proceso después de haber enfrentado durante años a la justicia colombiana. Fue detenido, procesado y pasó casi ocho años injustamente privado de la libertad hasta que, el 16 de diciembre de 2015, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia lo absolvió y ordenó su libertad inmediata.

Ese antecedente es fundamental para entender lo que ocurre hoy. Plazas no escapó de Colombia ni se refugió en otro país para evadir a sus jueces. Enfrentó el proceso hasta la última instancia.

También es importante entender cuál era su función durante los hechos del Palacio de Justicia. En noviembre de 1985, Plazas era comandante de la Escuela de Caballería. Su misión fue operacional, al frente de tropas y vehículos blindados. Y hay un punto fundamental que no proviene simplemente de su defensa. La propia Corte Suprema de Justicia precisó que Plazas no cumplía labores de inteligencia en la Casa del Florero y que la identificación y clasificación de las personas que salían del Palacio correspondía al B-2 de la Brigada XIII, no a él. Una cosa era comandar tropas durante la recuperación del edificio asaltado por el M-19 y otra muy distinta manejar los organismos de inteligencia.

La guerra de drones que Petro ignoró

¿Es usted de la manada abelardista?

No basta un “lo siento”

Rubio y de la Espriella, una gran oportunidad

Cuando la muerte cae del cielo

Los niños como escudo

La nueva junta que tendrá que recuperar a Ecopetrol

De acuerdo con mi investigación, Plazas solo vino a conocer la existencia de Carlos Horacio Urán en 2007, más de veinte años después de su muerte, cuando se abrió el proceso relacionado con los llamados desaparecidos del Palacio. Ese dato obliga a mirar con especial cuidado la acusación que hoy se presenta en Miami. Si el coronel sostiene que ni siquiera sabía quién era Urán cuando ocurrieron los hechos, la responsabilidad personal que ahora pretenden atribuirle tendrá que estar respaldada por pruebas contundentes.

Hay además decisiones de la justicia colombiana que prácticamente desaparecen de la narrativa que se ha construido alrededor de este caso. En 2013 fueron condenados integrantes del M-19 por el homicidio agravado de Carlos Horacio Urán. De acuerdo con la documentación que he conocido, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia en 2019, la familia no interpuso recurso de casación y, en 2020, el proceso hizo tránsito a cosa juzgada. El material que sustenta esta investigación recoge expresamente esa condena contra integrantes del M-19.

Más recientemente ocurrió algo igualmente relevante. En 2025 fue confirmada en segunda........

© Revista Semana