En un país donde el delincuente se arma sin permiso y la autoridad muchas veces llega tarde, el porte legal puede darle a una víctima una posibilidad de reacción, pero no desarma a quienes sostienen la violencia. La discusión no es solo quién puede llevar un arma: ¿se fortalece la legitimidad del Estado cuando su respuesta a la inseguridad es ampliar el porte civil?

Colombia no será más segura porque aumente el número de ciudadanos autorizados para portar un arma. Será más segura cuando las bandas pierdan el control de los territorios, la autoridad llegue a tiempo y la justicia deje de ser una promesa.

Esa es la discusión que el Decreto 1368 no resuelve.

La medida levantó la suspensión general y reactivó los permisos de porte vigentes. No autorizó a todos los colombianos a salir armados ni convirtió los permisos de tenencia en permisos de porte. El porte civil ya existía; el decreto amplió una posibilidad que estaba restringida.

El Gobierno sostiene que la suspensión terminó perjudicando al ciudadano que cumple la ley, mientras el delincuente continuó armado sin pedir permiso. Bajo esa lógica, la medida no pretende armar indiscriminadamente al país, sino devolverles capacidad de defensa a personas previamente autorizadas.

El argumento parte de una verdad: las organizaciones criminales no dependen de permisos legales para conseguir armas.

Pero de esa verdad no se desprende la conclusión del Gobierno. Que la restricción haya sido insuficiente para desarmar al delincuente no demuestra que ampliar el porte civil vaya a reducir........

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