En 2002, cuando Álvaro Uribe Vélez llegó a la Presidencia de la República, Colombia era un Estado al borde del colapso. Las guerrillas controlaban vastas zonas del territorio nacional, el secuestro se había convertido en una industria criminal y el narcotráfico financiaba la expansión de los grupos armados ilegales. Miles de familias colombianas vivían bajo el miedo permanente y muchas se veían obligadas a pagar por la liberación de sus seres queridos.

24 años después, el nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella recibe nuevamente un país con enormes desafíos en materia de seguridad. Tras cuatro años de una política de “Paz Total”, cuyos resultados son ampliamente debatidos, Colombia enfrenta más de 300.000 hectáreas sembradas con coca, el fortalecimiento de organizaciones criminales con más de 28.000 terroristas en armas y el crecimiento de economías ilegales que financian la violencia.

La minería ilegal es un ejemplo del deterioro institucional. Solo en Antioquia, la explotación ilícita de minerales genera rentas criminales cercanas a los seis millones de dólares diarios, una economía ilegal que alimenta estructuras armadas, destruye el medioambiente y desplaza la actividad minera formal. De acuerdo con la Contraloría General de la República, cerca del 85 % del oro producido en el país tendría origen........

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