El pasado lunes se instaló el nuevo Congreso de la República, tras unos días de alta tensión política. Se trata de un hecho absolutamente normal, que ocurre al inicio de la mayoría de los periodos legislativos, en una dinámica lógica en la que cada organización política busca protagonismo y liderazgo en el cuatrienio que comienza.

Pero el Congreso instalado el pasado 20 de julio no se parecerá, con seguridad, a ninguno de los anteriores. No será un apéndice dócil del Ejecutivo, donde la agenda se negocia a cambio de cuotas burocráticas. Esta vez, ojalá por primera vez en mucho tiempo, llega un Congreso con las manos libres de acuerdos, sin compromisos de representación en los ministerios del nuevo Gobierno.

A diferencia de los congresos que lo antecedieron, la mayoría de ellos poco transparentes y hasta espurios, este cuenta con una oportunidad histórica: la de ejercer de verdad su rol y su función constitucional, como debe ser, un contrapeso real del Poder Ejecutivo.

El Gobierno que tomará posesión el próximo 7 de agosto, liderado por el presidente electo Abelardo De La Espriella, ha sido claro y contundente desde la misma campaña que lo llevó a ser elegido por la mayoría de los colombianos. Los nombramientos de su nuevo gabinete ministerial ratifican esa certeza: cero mermelada para los integrantes del Legislativo. Nada de puestos, nada de contratos, nada de prebendas disfrazadas bajo la famosa frase de “gobernabilidad”. Y así lo ha cumplido, incluso antes de posesionarse.

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