Las propuestas presentadas por el gobierno actual en torno al tema educativo, específicamente al de educación superior (proyecto de reforma integral a la Ley 30 y el IV plan nacional decenal de educación) comparten una virtud rara en la política colombiana: dicen lo mismo. Conciben la educación superior como derecho fundamental, prometen gratuidad, apuestan por financiar a las instituciones desde la oferta y por democratizar su gobierno. Es una arquitectura que pudiera ser razonable pero esta no garantiza que la promesa que ambos proyectos hacen sea sostenible.

Y es precisamente en sus dos pilares, el modelo de financiación y el de gobernanza, donde conviene encender las alarmas antes, y no después. La visión fiscal de la propuesta de reforma me parece un espejismo porque indexar la base presupuestal de las universidades públicas al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) y llevar la inversión a un 1 % adicional del PIB en las circunstancias actuales del país no lo veo tan viable.

La meta del 1 % no vence en este gobierno ni en el siguiente: vence en 2040. Y toda la promesa........

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