Pocas cosas son tan peligrosas para una sociedad como la instrumentalización ideológica de la justicia. Cuando las instituciones encargadas de perseguir el delito se someten a una agenda política y acomodan la ley para favorecer a los violentos, la impunidad se convierte en doctrina oficial. Eso acaba de ocurrir con el indignante giro en el proceso penal contra los 11 criminales de la banda conocida como los ‘PPP’, responsables de sembrar terror y desatar una brutal ola de violencia en Bogotá bajo la fachada de la protesta social entre 2024 y 2025.

El frenazo impuesto por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, resultó insólito, pues la audiencia de acusación ya estaba formalmente programada. Lejos de ser un error técnico, esta decisión responde a una clara inclinación ideológica. Al retirarle el expediente a la fiscal especializada que investigó el caso por delitos de terrorismo y trasladarlo a la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa, la fiscal general alineó su gestión con la narrativa gubernamental: encubrir el terrorismo urbano bajo la etiqueta de “protesta social”.

¿Por qué razón unos criminales de este calibre reciben semejante........

© Revista Semana