Hay palabras que, por su naturaleza, invocan derechos constitucionales. Una de esas es “autonomía universitaria”: una trampa semántica que, por años, ha sido aliada de quienes convirtieron los campus universitarios en zona franca del delito. El artículo 69 de la Constitución garantiza esa autonomía: las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La Corte Constitucional, en particular en la sentencia C-829 de 2002, dejó sentado que esa autonomía no es absoluta y encuentra límite en el orden público, el interés general y el bien común. El límite existe, pero no se aplica. El problema de fondo es que esa autonomía se volvió la excusa para que redes criminales se infiltren en las aulas de clase.

En julio de 2026, en la Universidad Nacional, tres estudiantes fueron atacados con armas blancas dentro del propio campus. Uno de ellos, el representante estudiantil Kevin Arrigui, recibió múltiples heridas a pocos pasos del salón de clase. En diciembre de 2025,........

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